A tres semanas de realizada la segunda vuelta presidencial en el Perú, el JNE no declara un ganador. Las diferencias entre ambos postulantes son mínimas, de décimas del porcentaje de electores o incluso menos.

Esta situación es muy diferente de resultados electorales donde la distancia de votos entre candidatos es mayor e incontestable, y donde la voluntad popular se ha manifestado con claridad. No hay un claro y legítimo ganador.

Por ello, con diferencias tan mínimas, cada voto único expresa y concentra toda la votación electoral. Ese voto individual tendrá la capacidad de determinar quién es el legítimo ganador. Para que el nuevo Presidente o Presidenta tengan legitimidad electoral y política, cada voto debe contarse y respetarse.

Entonces es muy claro que este proceso demanda a las autoridades del JNE absoluta imparcialidad, detallada pulcritud en la aplicación de la ley, y el sentido ético para buscar respetar la voluntad electoral del pueblo peruano.

Sin embargo, lamentablemente, cada día la sociedad se entera por el periodismo independiente de investigación, de actas de mesa firmadas por personas que han fallecido, de duplicidad de firmas en mesas diferentes, de la posibilidad de firmas falsas (es decir, que suplantaron a las verdaderas personas que debieron votar), de la desaparición de votos de un candidato que en la primera vuelta obtuvo votos a favor, etc. La lista de irregularidades, muchas de ellas graves y que constituyen delitos penales, es larga.

El grado de irregularidades es tan grande, que una reciente encuesta señala que dos tercios de la ciudadanía opina que son indicios que empañan gravemente el resultado final del proceso electoral. Si el JNE no resuelve con pulcritud el cúmulo de manchas al proceso, el nuevo Presidente carecerá de legitimidad electoral. El proceso de voluntad electoral debe ser limpio. Sin ello no hay validez política y le sustrae legitimidad.

Esa falta de legitimidad afectará seriamente la gobernanza democrática del país, y puede llevarnos a escenarios de violencia y caos que nadie desea.

¿Cuál es único camino que le queda al cuestionado JNE? El actuar en defensa del voto de cada ciudadano, como dijimos al comienzo. Y eso pasa por aceptar cada impugnación de ambas partes, de limpiar -por poner un ejemplo de las varias irregularidades graves que tuercen casi de manera delictiva la voluntad del pueblo- la votación en donde hubiera pruebas de votos fantasma realizados por personas fallecidas.

En esa ruta, son ineludibles una auditoría electoral internacional y la entrega del Padrón Electoral; ello es crucial para respetar la voluntad popular. De esta manera, gane quien gane, el país tendrá un gobernante elegido sin ninguna duda a su legitimidad democrática y legal.

Los miembros del JNE no tienen otro camino, una cosa distinta horadará la legitimidad de origen del que ocupe Palacio de Gobierno.

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