Digemid ha emitido un Alerta 62-2021, por la cual reporta lo que ya es un escándalo en todo el mundo hace algunos meses, la incidencia de casos post vacunación covid-19 con ARNm, de TROMBOSIS, MIOCARDITIS (inflamación del corazón), y PERICARDITIS (inflamación de la membrana que recubre el corazón), que debieron suspender inmediatamente la vacunación criminal e ilegalmente forzada para una población intencionalmente desinformada, inexplicablemente, Digemid recomienda continuar con la vacunación.

La alerta suena a: “Cumplimos con decir la verdad, porque sería injustificable esconder la data, pero nos imponen decir que debe continuar la vacunación.”

Enviamos una carta notarial al ministro de Salud Hernando Cevallos, informándole los graves delitos en que incurriría si es que concretaba su amenaza de imponer un Pasaporte Verde o certificado de vacunación como pase obligatorio para que los ciudadanos puedan acceder a lugares públicos, parece no haber comprendido nuestra buena voluntad de colaborar con el conocimiento de la barbarie inconstitucional, ilegal y de violación masiva de derechos humanos a que sometería a la nación con semejante medida que no tiene ningún fundamento científico o médico, mucho menos legal, por pretenderse obligar a la población a vacunarse con sustancia experimental de transmutación genética que está ocasionando graves daños a la salud y a la vida, bajo la extorsión de no poder acceder al ejercicio de derechos humanos inalienables y a los servicios esenciales.

Aun cuando la vacuna fuese verdadera, tampoco podría obligar a nadie a vacunarse, sin cometer los delitos de coacción, extorsión, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, y discriminación a los no vacunados, pero estando al avance del conocimiento de los efectos adversos de todas estas “vacunas” en todo el mundo, lo cual es de pleno conocimiento del ministro y demás autoridades de Salud, lamentamos comprobar su involucramiento en condición de autores y cómplices conscientes de este plan genocida y de crímenes de lesa humanidad en contra de millones de peruanos, amenazando estudiantes con no entrar a sus universidades sin haberse vacunado, a adultos mayores con no poder subir a un bus interprovincial, y a vacunar niños, mientras usa una red de autoridades públicas y empleadores que se están prestando como cómplices de este genocidio.

Deberemos presentar urgentemente una denuncia a la Corte Penal Internacional contra esta red criminal, que involucra varios ministros. ¿El Presidente está siendo engañado? ¿Hay jueces valientes en el Perú que detengan este genocidio?

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