El viaje del presidente Castillo a la reunión de CELAC en México, a la OEA en Washington y a la ONU en Nueva York ha proyectado la improvisación, falta de autoridad y bicefalia del régimen.
En México y Washington, el mandatario pronunció discursos desordenados, incongruentes, cargados de frases comunes, matizadas con expresiones lesivas a nuestro país, como decir que en el Perú existe tanta corrupción que podemos exportarla.
Pero más allá de las formas, en esos escenarios internacionales los sectores extremistas de Perú Libre hicieron sentir su peso político a costa de mermar la autoridad presidencial.
El premier Bellido, en efecto, invitó a renunciar al ministro y viceministro de Relaciones Exteriores porque este último sostuvo que desde el 5 de enero del 2021 no existe ninguna autoridad legítima en Venezuela, aseveración que responde al acuerdo alcanzado por los países integrantes del Grupo de Lima, que en esa fecha concluyeron que las elecciones venezolanas habían sido fraudulentas y que, por tanto, consideraban a Maduro un mandatario espurio. Esa declaración fue suscrita por Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Costa Rica, de tal manera que lo aseverado por el vicecanciller se ha ceñido estrictamente a un acuerdo diplomático multilateral no revocado.
Bellido, además, ha incursionado en un terreno que no es de su competencia, porque quien dirige la política exterior del país es el Presidente de la República de acuerdo al artículo 118, numerales 11, 12 y 13 de nuestra carta fundamental. El premier, sin embargo, desconoce esas disposiciones y fragiliza la institución presidencial al plantear públicamente que se retiren del Gobierno el ministro y viceministro por el “delito” de cumplir con un acuerdo internacional y no reconocer al dictador venezolano.
Sería conveniente, además, que el premier Bellido conozca que nuestro país, conjuntamente con Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Canadá y el Brasil firmaron una petición a la Corte Penal Internacional (CPI), fechada el 28 de setiembre del 2018, para que investigue a Maduro y sus asociados civiles y militares por crímenes de lesa humanidad, es decir, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento de opositores y por el éxodo de miles de seres humanos ante la carencia de comida y medicinas.
Esta demanda, sustentada en informes de la OEA y la ONU, ha dado lugar a que la Fiscalía de la CPI inicie las investigaciones correspondientes en razón que existe “una base razonable” para hacerlo.
Más aun, quizá Bellido también desconozca que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, han denunciado a Nicolás Maduro por “intimidación y represalias a los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que cooperan con la ONU, en particular aquellos que implementan programas humanitarios de la ONU” (24/09/2021).
En esta línea de hechos contradictorios y confusos, no podemos pasar por alto que el embajador (r) Harold Forsyth, representante político del Gobierno ante la OEA, expresó que el Grupo de Lima (GL) cumplió su ciclo y que “ahora corresponde dialogar directamente con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro”.
La decisión de paralizar o desactivar el GL, que ha tenido el extraordinario mérito de construir una plataforma diplomática democrática que unificó a sesenta países, solo puede ser posible cuando así lo decidan sus miembros y no un embajador peruano ante la OEA y menos podemos aceptar que también asuma la prerrogativa de reconocer al siniestro tirano venezolano, pasando por encima del Presidente de la República y del propio canciller, que son los únicos competentes para tomar esa decisión.

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