En el español se tiene un grupo de palabras que se pueden denominar equívocas, dan ocasión a juicios diversos. La gratuidad es una de ellas. La enseñanza o salud gratuitas no existen: el Estado la paga con los impuestos recaudados. Por cierto, lo gratuito beneficia sustancialmente a personas con escasos recursos que el Estado diagnostica, asigna y les distribuye dinero para ayudarlas. Cuando aquél sanciona que un servicio es gratuito, garantiza que el usuario no efectuará pago alguno por utilizarlo.

¿La gratuidad asegura la calidad y eficiencia de un servicio? El término gratuito genera siempre grandes expectativas y, por esa misma razón, acentuadas frustraciones cuando el acceso es complejo y oneroso o la atención es negligente, injusta e irrespetuosa. El maltrato y fiasco se multiplican, precisamente porque quienes acuden son personas que, por ser pobres, no disponen ni de tiempo ni dinero para elegir otros establecimientos que ofrecen servicios de calidad y esmero en la atención, pero cobran por el servicio. Aquí radica la tragedia de lo gratuito. Si el Estado no asegura calidad palpable y continua en sus servicios, la gratuidad, aunque suene bien, termina convirtiéndose en una afrenta a la dignidad de sus usuarios. En primer lugar, porque no tienen capacidad de elegir, si la tuvieran buscarían otras alternativas; en segundo lugar, porque se les restriega en la cara su condición de pobres.

Es mejor un servicio mediocre a nada, se me podría cuestionar. De acuerdo, que no se pregone, entonces, la gratuidad como la medida que marca la preocupación social de un Gobierno. La gratuidad mal llevada trae consigo discriminación, resentimiento y diferencias en los resultados de acuerdo a la categoría del servicio.

La gratuidad no debe nacer como fórmula de una campaña ni para medrar políticamente, la fuente de donde mana tiene que ser la solidaridad, el respeto a la dignidad de la persona, y la promoción del bien común. Dentro de este contexto, el Estado no tendría que arrogarse el derecho de solucionar exclusivamente y con gran dosis de paternalismo los problemas sociales. Estoy seguro de que podría encontrar otras maneras menos dispendiosas para el erario nacional; en educación, por ejemplo, algunos estados norteamericanos han implementado con éxito los denominados “cheques escolares”. De modo que los padres elijan el colegio que mejor se avenga con sus principios, sin que signifique mayor gasto público y manteniendo el principio de gratuidad. Este sistema, además de que contribuye a la movilidad e integración social, permite que el usuario mantenga su derecho de exigir calidad y eficiencia en los servicios.

Todo cambio en la rutina da pie a resistencias y por ello a quejas. Sin embargo, ello no puede ser obstáculo para intentar vivir la justicia independientemente de la situación económica del usuario. La ayuda, cuando no es útil, no es eficaz. Hablar de gratuidad cuando los servicios no cumplen cabalmente su cometido es como un cebiche sin pescado, de cebiche sólo tiene la apariencia; si no, que lo diga cualquier peruano.

Edistio Cámere – Educador