Bolivia: presidente presa por decisión de Evo Morales

Bolivia: presidente presa por decisión de Evo Morales

Los demócratas latinoamericanos no pueden permanecer indolentes o agazapados ante las infames vejaciones que padece la ex presidente de Bolivia, Jeanina Áñez, detenida hace más de tres años y que será condenada a 15 años de pena privativa de la libertad como exige un fiscal a órdenes del oficialismo.

Esta pantomima o charada de proceso se inició en mayo del 2022 cuando el propio Evo Morales reveló que “en una reunión convocada por el hermano Lucho Arce (presidente), donde estaban David Choquehuanca (vicepresidente), Iván Lima (ministro de Justicia) y los jefes de bancadas de senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), decidimos que la ex mandataria debería ser procesada en un juicio ordinario y no de responsabilidades”.

Luego agrega, cínicamente, que así lo acordaron porque “no tenemos dos tercios de los votos de la Asamblea” que exige el artículo 184 de la Constitución para enjuiciar a un ex jefe de Estado.

Lo dicho por el líder cocalero es prueba contundente, irrefutable, de una delictiva suplantación de funciones del Poder Legislativo y del burdo sometimiento de la justicia al poder político.

Siguiendo esa plantilla, el juez cautelar Marco Amaru, encarcelado el 2022 por favorecer a asesinos y feminicidas, ordenó encauzar a la ex presidente por la vía ordinaria, pero el 30 de octubre del 2023 el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró incompetente para seguir ese mecanismo “porque (a la ex mandataria) le corresponde un juicio de responsabilidades”.

Ante esa decisión, Arce y Morales ejercieron máxima presión sobre la judicatura, logrando que la Sala Cuarta del Tribunal de La Paz revoque la anterior resolución.

Por ello, el analista altoandino Agustín Exchalar sostuvo que “las personas correctas, sean o no masistas, tienen que sentir asco de este precedente y tratar de frenarlo. Un buen gobierno no puede avalar un bodrio jurídico de ese calibre, una canalla forma de perjurio, o una variante de la inquisición en sus peores tiempos”. (Los Tiempos. 13/02/22)

La barbarie, empero, se ha consumado, ignorando una petición de la OEA para dejar en libertad a la afectada “hasta contar con mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”, agregando que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de un juicio justo, de imparcialidad y debido proceso”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, embajador António Guterres, exigió un “debido proceso” y “transparencia”. La Unión Europea, a su vez, expresó que el sistema judicial boliviano “tiene fallas estructurales” y su mayor autoridad para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había concluido que “no se ha respetado plenamente el debido proceso de la señora Áñez”.
En esa línea se ha pronunciado el Comité contra la Tortura de la ONU y 23 ex mandatarios de Iberoamérica, así como varios organismos humanitarios.

¿Qué hacer? Por lo pronto, no callar, porque el silencio legitima un acto de barbarie que podría interpretarse como complicidad, temor o aval a un régimen represivo.

Un tirano solo retrocede ante la fuerza de las sanciones, el aislamiento diplomático, la suspensión de la cooperación económica internacional y de los créditos de organismos multilaterales como la CAF, el BID, Banco Mundial y FMI.

Recordemos, además, que no solo la ex mandataria está presa, sino otros políticos opositores como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Es hora que los gobiernos democráticos soliciten la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar los atropellos del régimen de Arce. El Perú debería hacerlo por consideraciones principistas y porque compartimos una frontera común de más de mil kilómetros cargada de contrabando y tráfico de drogas, y porque Evo Morales pretende cercenar parte de nuestro territorio para constituir una República Independiente del Sur.

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