Por Carlos de la Torre Paredes

La acusación constitucional contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, por haber intervenido en la gestión de una asociación privada mientras ocupaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, genera un escenario político complicado para Pedro Castillo.

En caso de que esta acusación proceda y se le inhabilite de ejercer cargos públicos, destituyéndola de su cargo de vicepresidenta, dejaría a Castillo a expensas de la oposición más beligerante del Congreso, quienes relacionan a Boluarte con los sectores políticos que ellos llaman “caviares”, y sobre quienes argumentan que han controlado y se han beneficiado del Estado desde la caída de Fujimori.

Hace ya algunos meses, en la prensa se viene hablando de conversaciones entre Boluarte y estos sectores políticos para generar la caída de Castillo y ella tomar la presidencia.

Si bien su posible inhabilitación llevaría a pensar en un beneficio para Castillo, se debe tomar en cuenta que, en el fondo, ella desempeña un rol de candado frente a la oposición que, por su accionar y su desarticulación, parece considerar que entregarle el gobierno a Boluarte significaría devolvérselo a los “caviares”, a quienes enfrentan abiertamente; algo en lo que, curiosamente, coinciden con el gobierno.

En este contexto, el que se suspenda a Pedro Castillo del cargo de presidente, debido a la acusación constitucional por traición a la patria (en trámite), interpuesta por presuntamente haber planteado en una entrevista a CNN un referéndum para entregar mar a Bolivia, se perfila como un escenario probable, pues, al no implicar entregarle el gobierno a los “caviares”, la oposición se podría comprometer políticamente y negociar una reconfiguración de fuerzas.

Ante este posible escenario, las negociaciones para elegir a la próxima mesa directiva del Congreso de la República serán determinantes, ya que su presidente podría terminar asumiendo el cargo de presidente de la República.

En respuesta a esto, se puede estimar que Perú Libre y sectores vinculados al gobierno, responderán activando sus bases a nivel nacional para tomar carreteras e iniciar paros, argumentando un “golpe de Estado parlamentario” contra el “gobierno del pueblo”, algo que, posiblemente, se encuentre dentro de los planes estratégicos de Perú Libre.

Por su ideario y por las declaraciones de su presidente, Vladimir Cerrón, se puede asumir que no consideran negativos los métodos que se alejan de la democracia para tomar el poder, argumentando que los cambios profundos en la sociedad (cambios de estructuras culturales, sociales y de poder), requieren algo drástico, un descalabro del sistema, una refundación del Estado; algo que Castillo, hasta ahora, no les ha dado.

Es posible que esa incapacidad o resistencia de Castillo para implementar los cambios estructurales planteados por Perú Libre, explique el supuesto alejamiento entre ambos, que se ve reflejado en las críticas de Cerrón a los ministros designados el domingo por la noche, además de otras publicaciones en redes sociales, en las que argumenta que Perú Libre ya no es la bancada oficialista: ahora lo es la magisterial. De esta manera Perú Libre se libera del peso que implica ser gobierno y sigue concentrando sus fuerzas en incentivar la movilización como mecanismo de transformación estructural.

De darse este escenario, a la crisis política y de representatividad que se generaría, se sumará la crisis alimentaria que se avecina para fines de año, debido al desabastecimiento y subida de precio de los fertilizantes, que ha implicado una reducción significativa de las tierras cultivadas.

Quien ostente el cargo de presidente de la República tendrá una tarea muy complicada sobre sus hombros los próximos meses, pues la conflictividad podría intensificarse, tanto en número como en escalada de violencia.

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