Al parecer, el país va saliendo de la violencia desatada, lentamente y en medio de la incertidumbre, buscando encontrar su habitual ritmo de vida en democracia, sin la zozobra de despertar y encontrar algunas vías nacionales bloqueadas, las actividades laborales y económicas paralizadas, el temor de transitar por las calles con tranquilidad, como fue lo que ocurrió, las últimas semanas, en algunas ciudades del país, especialmente del sur, consideradas bastiones políticos del exmandatario Pedro Castillo.

Sin embargo, no debemos bajar la guardia, porque la tranquilidad plena no se ha recuperado aún. Quedan los temores de nuevos actos de vandalismo callejero, utilizando, para ello, las justas demandas históricas de los pueblos más olvidados por el centralismo del poder político, como ha ocurrido con los paros y protestas más recientes. En medio de estos acontecimientos de violencia, no podemos dejar de reconocer, sin embargo, las rápidas y enérgicas reacciones de nuestras autoridades, quienes, dentro de la ley, han logrado detener la acción destructora de algunos de los líderes que, bajo la fachada de representar organizaciones vecinales o comunales, habían retomado viejas prácticas del terrorismo pasado.

Es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial que ordenó, a pedido del Ministerio Público, prisión preventiva por 18 meses contra Rocío Leandro Melgar. Según la policía, la conocida como la camarada “Cusi” formaba parte de Sendero Luminoso y de acuerdo a algunos atestados de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), fue internada, en un penal de máxima seguridad, por atentados en las décadas de los 80 y 90. Actualmente se presentaba como presidenta del frente de defensa del pueblo de Ayacucho.

Los actos de violencia recientes tuvieron, lamentablemente, respaldo, por desconocimiento o mala fe, no sólo de los dirigentes políticos de la izquierda radical en el país, sino de algunos gobernantes de países hermanos como México, Colombia o Argentina, al punto que motivó la reacción, en defensa nuestra, de 118 parlamentarios de 14 naciones del Foro Madrid, quienes denunciaron, en carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la existencia de un plan internacional para desestabilizar al Perú. Firmaron la carta, congresistas de Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Hungría, Italia, Paraguay, Perú, Polonia y Uruguay.

Los parlamentarios expresaron su preocupación por el “proceso de desestabilización” que vive el país y que, según señalaron, está siendo “impulsado desde el exterior”. Así dijeron que existe “un papel protagónico del controversial boliviano Evo Morales en las protestas vandálicas que se realizan en el sureste del país hacia Lima, con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte”. Denunciaron, al mismo tiempo, lo que consideran “más grave”, referido al “comportamiento pretendidamente de gobierno democráticos -como los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México- que apoyan implícitamente esta desestabilización”, afirmando, equivocadamente, que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado.

El primer ministro, Alberto Otárola, al ser entrevistado en una radio local, señaló que su gran preocupación es Puno. Efectivamente, esa inquietud debe ser abordada inmediatamente, de lo contrario el desborde social será catastrófico. Denunció que encontraron proyectos de saneamiento de agua y desagüe sin siquiera haber sido iniciados, lo cual debe indignar a nuestros hermanos de Puno quienes al saber de ello sus reclamos se convierten en justos, pero que lamentablemente son instrumentalizados por azuzadores profesionales que solo ven su satisfacción política y no el bien común. Demostremos unidos, que el Perú está cansado de estos indeseables y rechazarlos de plano tal como lo han hecho los valientes chalacos que expulsaron del Callao a quienes querían realizar actos de terrorismo como tomar el aeropuerto Jorge Chávez.

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