¿Cambiar la Constitución?

¿Cambiar la Constitución?

Escucho en los medios que el Congreso bajo el impulso de su presidenta Maricarmen Alva, así como de otras bancadas, estaría empeñado en realizar 53 reformas constitucionales. No niego su capacidad jurídica para llevar a cabo ese número de reformas pero me parece imprudente convertirse de hecho en una Asamblea Constituyente. He ahí la gran cuestión, que siendo jurídica y por cierto constitucional tiene un fortísimo ingrediente político, que aparentemente no se les ha pasado por la cabeza a los proponentes de tan variopintas reformas.

Es cierto que con arreglo al artículo 206 de nuestra carta política, el Congreso tiene la facultad de reformar la Constitución conforme a cualquiera de las dos modalidades establecidas en dicho dispositivo y así ha ocurrido en el pasado muchas veces. Repito las modalidades para que no haya dudas: 1) lograr una votación de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos) y luego ratificarla mediante un referéndum; o 2) omitir el referéndum mediante una ley de reforma constitucional con un voto superior a los dos tercios de dichos congresistas (87 votos), que debe ser aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con el agregado que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. Este dispositivo ratifica al Congreso como el primer poder del Estado, ya que en este aspecto, como en otros, tiene una clara primacía jurídica respecto del Poder Ejecutivo.

Pero que el Congreso sea en determinados casos específicos el Primer Poder del Estado, tal como hace 60 años sostuvo Víctor Raúl Haya de la Torre, no quiere decir que es el único poder ni muchos menos que sea absoluto. El régimen constitucional se desenvuelve dentro de un juego de pesos y contrapesos que permiten una vida democrática, en la cual se reconocen los derechos de la mayoría para gobernar y de la minoría para oponerse dentro de los límites de la ley. Ese sistema ha venido funcionando en el Perú con diversa suerte, pero al menos desde el inicio del siglo XXI no hemos tenido golpes de Estado ni caídas violentas del poder. Sí tenemos una fuerte inestabilidad política, que hoy la podemos apreciar visiblemente.

En estas circunstancias la reforma constitucional para restablecer el Senado parece razonable, siempre que las dos cámaras del Congreso desempeñen funciones distintas, una esencialmente política de los Diputados con capacidad para censurar ministros y gabinetes, y otra reflexiva para la aprobación de las leyes, que correspondería al Senado. No obstante, esa reforma fue rechazada en un referéndum durante el gobierno de Vizcarra, quizás por los ingredientes adicionales que se le pusieron. Sea lo que fuere, el hecho es que tal reforma aún no goza de un amplio consenso en la opinión pública.

Creo que debemos tener claras dos realidades políticas, la impopularidad histórica del Congreso, debido en parte a que el público le atribuye facultades ejecutivas; y que la Constitución es un instrumento para limitar el poder y garantizar los derechos de los ciudadanos, pero no es una varita mágica para el progreso ni opera milagros. Una buena Constitución, en la medida que se aplique democráticamente, facilita el desarrollo, una mala Constitución como la que propone Perú Libre con su Asamblea Constituyente nos llevará a Venezuela, Nicaragua o la Bolivia de Evo Morales. No caigamos en esa fatal tendencia.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.