Cancillería: 201 años

Cancillería: 201 años

Hace 201 años, el 3 de agosto de 1821, a seis días de la proclamación de nuestra independencia, el Libertador José de San Martín constituyó las bases formativas del nuevo gobierno republicano, creando las secretarías de Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda, nominadas ministerios a partir de 1823.

Desde esa época, el trabajo de la Cancillería ha sido determinante para afirmar la identidad nacional y resguardar los intereses permanentes de la nación, salvo tiempos de oscuridad, como el actual, que será recordado porque el gobierno de Castillo desplazó nuestra política exterior hacia el siniestro y corrupto bloque chavista, en contubernio con algunos embajadores retirados.

Cuando rememoro este aniversario, evoco a los embajadores José Luis de Cossío Ruiz de Somocurcio, padre de mi esposa, y a Felipe Valdivieso Belaunde, viceministro durante mi gestión como canciller, con quienes asumí el compromiso de luchar desde la tribuna parlamentaria para anular la inconstitucional destitución de 117 diplomáticos, infausto episodio ocurrido el 29 de diciembre de 1992.

Con esa determinación asumí en 2001 la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y tres meses después aprobamos un dictamen multipartidario para reincorporar a los funcionarios cesados.

Así, después de casi dos décadas de reclamos, el 31 de octubre de 2001, el Parlamento sancionó el proyecto con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27550. Fue un día alegre, festivo, luminoso, porque habíamos logrado una tardía pero necesaria reivindicación para quienes fueron desencajados del servicio; como también hicimos con magistrados cesados del Tribunal Constitucional y militares y policías pasados al retiro por consideraciones extrainstitucionales.

Otro logro fue un dispositivo legal, incorporado a Ley del Servicio Diplomático N.° 28091, que en su art. 69 consagra la cláusula democrática con el texto siguiente: “Los jefes de Misión en embajadas, consulados, representaciones ante organismos internacionales o cualquier representación del Estado en el exterior, deberán presentar su inmediata renuncia en caso se constituya un Gobierno usurpador”. De esa manera, se enviaba una señal clara a gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, de repudio a regímenes de facto.

Inolvidable también lograr que la Academia Diplomática goce de los mismos derechos que las universidades para otorgar grados y títulos de la carrera y en el grado académico de Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, propuesta convertida en la Ley N.° 28598 del 14 de agosto de 2005, por lo cual fui distinguido con el rango honorífico de Profesor Emérito de la Academia Diplomática del Perú.

Cierro estas reflexiones recordando que gracias al esfuerzo conjunto y concertador del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso, se hizo realidad la iniciativa del presidente Alan García de presentar la demanda a Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, cuya sentencia nos permitió ganar 50,000 kilómetros cuadrados de mar.

La lección que deja estos hechos es que solo a través de la unidad nacional y del esfuerzo conjunto de las instituciones, afirmado en principios y valores, con irrevocable respeto a la Constitución y las leyes, nuestro servicio diplomático seguirá avanzando, porque tarde o temprano se disolverán los negros nubarrones que hoy ensombrecen nuestra política exterior. Por ello, en esta fecha magna hagamos un paréntesis de estos tiempos tóxicos y lacerantes para recordar las fulgurantes figuras de Javier Pérez de Cuéllar, Víctor Andrés Belaunde, Diomedes Aria-Schreiber, Raúl Porras Barrenechea, Alberto Wagner de Reyna, Alberto Ulloa, Juan Miguel Bákula, entre otras personalidades que hicieron historia en Torre Tagle.

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