El nuevo ministro de Energía, miembro del gabinete de Mirtha Vásquez, ha entrado con el pie en alto al ministerio señalando que Petroperú, la mayor empresa peruana, la misma que por años ha sido un Estado dentro del Estado, está quebrada.

O más exactamente, como dijo ingenuamente el ministro, “casi quebrada”. Nadie le ha pedido hasta el momento explicar en qué consiste esa quiebra.

El hecho que finalmente el Gobierno reconoce es con toda seguridad la razón por la que el oligopolio público-privado de Petroperú y su socio, la petrolera española Repsol, viene fijando desde el 2016 los precios de los combustibles muy por encima de los precios “de referencia” -que son los precios internacionales- publicados por el organismo regulador pintado en la pared al que el oligopolio hizo caso omiso sin explicación ni sanción alguna.

Ahora que el nuevo ministro con toda candidez nos ha puesto al tanto de la quiebra de Petroperú se entenderá al fin por qué en los últimos cinco años ese oligopolio ha abusado diariamente de la buena fe de todos los peruanos y especialmente de los usuarios del transporte público y de quienes prestan ese servicio.

Hoy se anuncia ya el paro de transportes que retoma el que fuera suspendido en marzo pasado, en plena campaña electoral, cuando Hernando de Soto denunció la existencia sistemáticamente ocultada de este atropello.

¿Cómo pudo Petroperú llegar a esto? Todo indica que como consecuencia de la descabellada aventura de invertir más de cinco mil millones de dólares en la Refinería de Talara, cuya necesidad nadie defiende salvo la empresa y nadie respalda como no sea la engañada población de Talara que aun guarda en la memoria la prosperidad de lo que en otro tiempo fueron los campos de La Brea y Pariñas.
Compartiendo la nostalgia enfermiza hoy se anuncia que a partir de diciembre Petroperú vuelve a La Brea y Pariñas.

A este panorama vergonzoso se suma el trasfondo de la próxima renegociación del contrato del gas de Camisea.

Hoy sabemos que el 25% del gas que produce Camisea se reinyecta en el suelo porque no hay quien lo compre. Esto, pese a que el 40% de la electricidad del Perú se produce hoy con gas o petróleo contaminantes cuando 20 años atrás el 80% de la electricidad del Perú provenía de la hidroelectricidad limpia.

Lejos de avanzar, hemos retrocedido en las prioridades y compromisos globales del Perú en materia ambiental. Es un escándalo que, sin embargo, ha sido escamoteado y sustraido de la atención de los peruanos.

Pero lo que es ya una candidez lindante con el sainete ridículo es lo que hoy se propone como solución para crear un nuevo mercado donde colocar el sobrante que se reinyecta en Camisea: la masificación del gas en todo el país comenzando por siete regiones del Sur.

La inversión millonaria en infraestructura que la masificación requiere, el consorcio Camisea no la hará. Así lo ha adelantado al gobierno en su carta de respuesta a la invitación a renegociar, donde aplaude la masificación que le beneficia, pero precisa que esa inversión es responsabilidad del Estado y no suya.

Quien tendrá la inversión a su cargo entonces -incluyendo el malhadado Gasoducto del Sur- es la empresa estatal de energía de todos los peruanos, Petroperú, que hoy está finalmente en la quiebra según ahora sabemos gracias al propio ministro.

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