Estas Elecciones Generales son, por decirlo de alguna forma muy “sui géneris” (peculiar), no solo porque se realizarán en medio de una crisis sanitaria por el letal “covid-19” y que viene obligando a la ONPE encargada de organizarla, a tomar una serie de acciones en prevención de contagios masivos al menos el día de la votación; pero sin duda la entidad que más viene llamando la atención es el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, órgano constitucional que administra justicia en materia electoral y al que pertenecen los Jurados Electorales Especiales – JEE, que se crean de manera temporal en cada circunscripción según los procesos electorales o consultas populares convocadas. Y es que en razón de las hojas de vida declaradas por los candidatos, se vienen dando fallos que no parecieran presentar “UNIDAD DE CRITERIO”, no hay uniformidad de opiniones al momento de resolver sobre si un aspirante a cargo de elección ha por ejemplo omitido información sensible, al menos la que conlleva transcendencia patrimonial, vemos que en la mayoría de casos los JEE aplican a rajatabla la “Ley Orgánica de Elecciones”, una especie de “check list” (listado de chequeo) sobre lo declarado, “está o no está en la hoja de vida”, no se aplica otro punto de vista.

Sin embargo, cuando se eleva a la última instancia, a la sazón el JNE, cambia la cosa, porque pese a ser parte del mismo Sistema Electoral, se tiene un juicio o perspectiva más laxa, más benevolente, al menos con el extremo de las “omisiones”, habiendo en algunos casos el mismo fuero dictaminado de forma divergente, a unos confirmando el criterio rígido de primera instancia y en otros, buscando la interpretación que fuera para revocar la sanción y habilitar al candidato.

Soy de opinión que el principio constitucional de elegir y ser elegido debe estar por encima de cualquier formalismo, salvo los mínimos que establece nuestra propia Carta Magna (nacionalidad, edad, capacidad de goce y ejercicio) y que flaco favor le hace al actual proceso electoral, existiendo la “Simplificación Administrativa”, el que se desembarque “a la hora nona ” a un candidato por omitir información al que el Estado pueda acceder directamente a entidades públicas como Registros Públicos, SAT, Reniec, Sunat, Registro Penitenciario, Registro Nacional de Condenas, etc. Los formatos elaborados oficialmente para los procesos electorales deben ser totalmente amigables, exigirse solo información sensible que tenga carácter no registrable y a la que sólo se puede acceder por medio de lo declarado por el aspirante, todo lo demás debe ser materia de cruce de información del ente electoral. Así se evitaría suspicacias con discernimientos mismo “Capitán Paiva” (al pie de la letra) al momento de resolver los cuestionamientos de las declaraciones juradas, porque prácticamente abdican a la “discrecionalidad”, a los márgenes de apreciación que gozan los que administran justicia. ¡No empañen por favor estas justas electorales!