Desde octubre pasado la arqueóloga peruana Ruth Shady y otros funcionarios del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (Peacs) vienen recibiendo amenazas de muerte de traficantes de terrenos (con términos como “van a terminar a cinco metros bajo tierra”) por haber denunciado ante la Policía y la Fiscalía la invasión y daños irreparables, con maquinaria pesada, de varias estructuras de los edificios de nuestra ciudadela más antigua de América y una de las más antiguas del mundo.

La doctora Ruth Shady es la descubridora de Caral, en 1994 fundó el Proyecto Arqueológico Caral y dirige desde 2003 el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe que se encarga de revalorizar y proteger nuestro patrimonio y sus alrededores, desde esa fecha se ejecutan excavaciones e investigaciones, siguiendo un Plan Maestro para convertir el Valle de Supe y su patrimonio cultural en un eje de desarrollo socioeconómico, además de dar a conocer a nuestro país y al mundo sus valores sociales y culturales y preservarlos para beneficio de las actuales poblaciones y del futuro.

Caral está ubicada en Barranca, a 200 kilómetros de Lima y levantada al margen del río Supe, tiene más de 5,000 años de antigüedad (aproximadamente 3,000 años AC) y representa la base de la primera civilización andina y foco originario de nuestra cultura que surgió casi en simultaneo con otras del viejo mundo (Mesopotamia, Egipto, India y China). Nuestra ciudadela fue declarada en 2006 de preferente necesidad pública la investigación, conservación y puesta en valor, y en 2009 declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Las graves amenazas de muerte contra la Dra. Shady ha ocasionado que no haya regresado a Caral desde el inicio de la pandemia para no exponer su vida. Este deplorable acto delictivo ha levantado pronunciamientos de rechazo de Concytec y de prestigiosas academias Nacionales de Ciencias de Perú, Argentina, Costa Rica y EE UU, y, además, llamados a las autoridades nacionales para defender y preservar este importante patrimonio arqueológico.

Bajo este panorama, nuestra ciudadela se encuentra desprotegida por una expansión no planificada de poblaciones aledañas que ocasiona invasiones, tráfico de tierras, concesiones agrarias y mineras ilegales. Las autoridades policiales y culturales no deben permitir invasiones en Caral debiendo ser inmediatamente desalojadas, nuestra ciudadela fue invadida por un clan que extendió su ocupación hasta 58 hectáreas y el problema se agrava por traficantes de tierras que ingresan y se apropian del territorio; desde que se inició la pandemia se registraron nueve invasiones.