La sociedad necesita seguridad jurídica, predictibilidad y celeridad judicial para desarrollarse y vivir en paz. Pero, ¿se respeta realmente el Art. 2°, numeral 16) y el Art. 70 de la Constitución Política que hablan del derecho inviolable de propiedad? Los medios de comunicación y la prensa reciben alertas sobre potenciales focos de conflicto, cumpliendo al informar con su rol de facilitador de la convivencia democrática y la tolerancia entre los ciudadanos.

En ese sentido, existe un caso como el del “Nuevo Caquetá”, conflicto ubicado a 1,500 metros de Palacio de Gobierno, desde donde la sangre no debería llegar al río. Es menester que el Observatorio Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) pongan atención al Exp. N° 07709-2019, del 32 Juzgado Civil de Lima, que despacha el magistrado Luis Ángel Millones Vélez (especialista Eliana Chaparro Delgado), porque al parecer se necesita transparentar muchos conceptos jurídicos y medidas procesales.

Porque la situación lo vale y sobre todo cuando las partes en disputa, por un lado alrededor de 250 emprendedores de la Asociación Centro Comercial Nuevo Caquetá y del otro un grupo de ocupantes precarios, sólo tratan de salir de sus problemas, mucho más cuando los primeros son sencillos y dedicados emprendedores que necesitan recuperar parte de su propiedad, de la cual ya no pueden hacer uso y disfrute desde julio de 2013, precisamente siete años perdidos a causa de la toma y bloqueo de más del 50 por ciento de su predio.

A menudo se habla en el país de la “informalidad” y del caos que produce en diversos ámbitos de la vida peruana, comercial, laboral o vecinal; pero generalmente esa informalidad se debe a la inacción o la mala gestión administrativa de los poderes públicos y las instituciones. No es apropiado echar la culpa de la falta de formalización a los ciudadanos o emprendedores del país, mucho más si la Asociación Centro Comercial Nuevo Caquetá tiene todos sus poderes inscritos en los Registros Público (Sunarp) y es propietaria legal y legítima de un inmueble (Jr. Ascope N° 199 del Cercado de Lima) donde trabajan modestos microempresarios.

Lo concreto es que en esta época de pandemia, el Estado necesita pasar de los discursos a la acción en materia de legalidad, reactivación económica, defensa y generación del empleo, así como en el respeto al derecho de propiedad.

@RafaelRomeroVas