Finalmente, el largo brazo de la Justicia ha cercado al lagarto Vizcarra, uno de los individuos más reprobables que, por su ineptitud, mitomanía, fariseísmo y vileza, haya conocido el Perú. Ocurrió tras un prolongado silencio probablemente motivado por aquellas poderosas fuerzas exógenas y endógenas que operan al interior del Ministerio Público, concentradas en Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación. Ávalos es amiga de Vizcarra. Ella se mantiene sospechosamente silente no obstante que su antecesor, Pedro Chávarry, denunció que Vizcarra venía siendo investigado por una fiscalía moqueguana por acontecimientos de corrupción, durante su paso por la gobernación de Moquegua. La suspicacia es que permaneció muda, pese a estar enterada por Chávarry de este detalle; y sabiendo, además, que los audios difundidos por la prensa de oposición mostraban que Vizcarra venía cometiendo flagrante delito al tramar con su entorno íntimo palaciego obstruir a la justicia, viciando pruebas de sus trapacerías en el affaire Richard “swing”.

El viernes se conoció que el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato presentó un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra del aún candidato al Congreso, Martín “lagarto” Vizcarra, por sobornos recibidos de dos empresas del “club de la construcción”: Obrainsa e ICCGSA. Un crimen cometido mientras fue gobernador de Moquegua. El citado fiscal sustentará su requerimiento de 18 meses de carcelería preventiva ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, premunido además de las declaraciones del aspirante de colaborador especial 10-2018, quien ha manifestado que proporcionó a Vizcarra “un pago ilícito de un millón de soles de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi para ganar una licitación, dinero en efectivo que entregó en dos armadas en 2014, en coordinación con el gerente de Obrainsa, Elard Tejeda”, Independientemente de esa explosiva declaración hay otra, detallando cómo entregó el consorcio formado por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICCGSA-Incot un millón trescientos mil soles también al lagarto Vizcarra para que les adjudique la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Este ser miserable se aprovechó de la politización de la Justicia, iniciada por Humala desde que le abrió las compuertas del Estado a la zurda sudaca para reemplazar a numerosos, estratégicos jueces y fiscales. Ignominia consolidada por Kuczynski y luego aprovechada por Vizcarra como escudo, pretendiendo inclusive borrar todas las huellas que habían acopiado fiscales honrables, pruebas que la fiscal Ávalos se encargó de encarpetar sabe Dios con qué viles intenciones. Pero, repetimos, por fortuna todavía queda gente honrada dentro del aparato de Justicia. Una de ellas es Pedro Chávarry, ex Fiscal de la Nación, quien exigió que suban a su despacho los expedientes de los fiscales de Moquegua que imputan a Vizcarra. Ante ello Vizcarra llegó al extremo de obligar a renunciar a Chávarry, embarcándose desde Brasil de manera apresurada abandonando incluso una invitación oficial de aquel país. Incondicionalmente respaldaría a Vizcarra aquella maquinaria propagandística mediática al servicio de palacio -República. Comercio, RPP, canales 2,4,6,8,9- subvencionada con sus impuestos, amable lector, mediante la corruptela del avisaje estatal. Con Vizcarra, Perú exhibirá vergonzantemente a cuatro expresidentes imputados por corrupción.