César Campos R.

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AGENDA POLÍTICA

Acerca de César Campos R.:

Periodista Profesional y colegiado, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con más de 35 años de experiencia como director y editor de diversas publicaciones nacionales, director y productor de programas radiales y de TV.



Simplemente dictador

La acción penal impulsada por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros contra Pedro Olaechea y los miembros de la Comisión Permanente del Congreso –como respuesta a la demanda competencial que el primero presentara ante el Tribunal Constitucional el pasado jueves 10– prueba de manera indubitable el ánimo autoritario, fascista y avasallador de los mínimos preceptos democráticos que alumbran a Martín Vizcarra y a su errático premier Vicente Zeballos.

Reafirma además la manera torpe y burda con la que este dúo utiliza la normatividad constitucional o legal, inspirados por un conjunto de juristas ad hoc a sus intereses y al mismo sentimiento político en la vereda opuesta a lo que fue la mayoría parlamentaria. No prevalece siquiera la prudencia de quien ofreció administrarse con sumo cuidado ahora que ya no tiene el contrapeso del Poder Legislativo.

Es ridículo al extremo considerar que la Comisión Permanente ha devenido en una institución distinta y autónoma del Congreso de la República a consecuencia del todavía polémico acto de disolución dispuesto por Vizcarra con el auxilio de la fuerza pública. Más todavía atribuirle a Olaechea la condición de “usurpador” por presentar un recurso al TC como titular de este último.

Olaechea no está promulgando leyes, no tiene siquiera el dominio de la seguridad o el manejo administrativo del Parlamento disuelto. ¿En qué consiste la figura usurpadora de quien pide al máximo intérprete de la Constitución dilucidar una controversia que, hasta hace una semana, era una tesis aceptada por el oficialismo y gran parte de los grupos parlamentarios disueltos?
El ex decano del Colegio de Abogados de Lima y maestro universitario por más de cuatro décadas, Raúl Ferrero, declaró el viernes para EXPRESO de manera clara y rotunda: “el señor Olaechea, como presidente de la Comisión Permanente, sigue representando al Parlamento y, en consecuencia, puede pedir al TC que dirima este conflicto”.

Ferrero recordó también que la Organización de Estados Americanos (OEA) fue la primera en sugerir la habilitación de un mecanismo mediante el cual se lleve hasta la mesa de partes del TC un pedido destinado a resolver esta diferencia. Pese a las dudas muy fundamentadas sobre la real independencia de algunos de sus magistrados (cuyo tributo al humalismo se extiende hasta la contratación de personal muy cercano a la llamada “pareja presidencial”) resulta inexorable romper este nudo gordiano con el pronunciamiento del TC.

La denuncia penal es otra raya que debemos sumar a los pasivos constitucionales de un régimen volcado a la improvisación y al fácil aplauso de las tribunas. Vizcarra adopta la lógica depredadora de no dejar un animal herido. Hoy –y hasta que alguna impensable enmienda lo haga recapacitar– simplemente es un dictador.



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