César Gutierrez Peña

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Allanamiento gubernamental a exigencias de Odebrecht

Sorpresa falaz es la exhibida por el gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría, ante la demanda en el CIADI, de la empresa Odebrecht Latinvest Luxemburgo (OLI LUX), con una exigencia de pago por parte del Estado peruano por la suma de 1,200 millones de dólares (MMUS$), para resarcir su inversión en el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

La pretensión de OLI LUX, como accionista mayoritario del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) era un hecho conocido desde el año 2017, y en los primeros meses del año 2018, ya habían culminado el trato directo con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el paso previo para iniciar un proceso de arbitraje internacional.

Esta demanda es adicional a la presentada por Enagas ante el mismo CIADI; uno de los accionistas minoritarios del CGSP, que en agosto del año pasado anunciaba que su expectativa era que el Estado le pague 1,980 MMUS$, por la inversión en el GSP. Se entiende que esta cifra permitiría la recuperación de la inversión de los tres socios del consorcio: Odebrecht, Enagas y Graña y Montero.

En resumen, estamos hablando de un requerimiento por doble vía, una corporativa poniendo de frontis a Enagas y otra individual de OLI LUX, que ha manifestado en comunicado público que el Gobierno debe continuar con el proyecto GSP, para que de la venta de los activos que existen en el terreno, puedan cancelarle lo que piden para honrar sus deudas.

La réplica gubernamental ha sido la del allanamiento sumiso. El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, y el mandatario Martín Vizcarra, en sus declaraciones han mostrado que seguirán a pie juntillas lo que OLI LUX está exigiendo.

Queda claro lo que vengo repitiendo desde el año 2017, que desde el momento que se emitió un Decreto de Urgencia (DU-001-2017) para que se contratase una empresa que preserve los bienes del GSP, se había asumido la posición errada de honrar al CGSP por el valor de sus inversiones en el proyecto. Bien pudo solo ejecutarse la carta fianza y dejarle liberalidad al consorcio que hiciese con sus activos lo que mejor le pareciera.

Todo indica que veremos en los próximos meses a un Estado preocupado y diligente, por devolverle el CGSP las inversiones que hicieron por su cuenta y riesgo.



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