César Gutierrez Peña

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Billonario mercado de hidrocarburos y biocombustibles sin fiscalización

La judicialización de actos de corrupción en torno a la brasileña Odebrecht es materia de amplia cobertura mediática desde diciembre del 2016, tema de trascendencia internacional que llegó al Perú por información proporcionada desde Estados Unidos.

Algo similar está caminando soterradamente en relación al mercado de hidrocarburos y biocombustibles peruano, donde la triangulación de operaciones es moneda corriente, y tiene también a EE.UU. como un perjudicado. Sorprende la impasibilidad de los compradores, donde está inmersa la estatal Petroperú, de la Contraloría General de la República, la Sunat, la Procuraduría y el Ministerio Público. Inadmisible para un país que se ha puesto como meta ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El tema no es nuevo y las cifras de compras nacionales de crudo, diésel y biocombustibles es nada despreciable: bordean los 6,800 millones de dólares, anuales.

Las primeras denuncias vinieron desde Ecuador sobre triangulaciones de crudo comprado en ese país por Petrochina con destino a China y que terminaron, entre otros países, en el Perú, siendo uno de los sindicados en las denuncias la multinacional Gunvor.

Las cosas no quedan allí, he denunciado reiteradamente. La triangulación de biodiésel (B100) producido en EE.UU y exportado con destino a nuestro país, pero que nunca ha ingresado, apareciendo un producto de supuesta procedencia de puertos de España y Holanda. El B100 americano paga en el Perú Derechos Compensatorios y Antidumping que se evaden cuando se refiere otro origen.

En el caso del B100, las suspicacias sobre Gunvor nuevamente se ciernen, dado que esta empresa tiene operaciones en España, en la provincia de Álava, en el país vasco, y en la provincia de Huelva, en la comunidad de Andalucía; asimismo, las tiene en Amsterdam, Holanda. Justamente los lugares en donde el balance producción, importación y exportación tiene cifras inexplicables. Hay información pública oficial internacional que respalda esta afirmación.

Es indispensable que las autoridades peruanas hagan su trabajo y determinen responsabilidades, ahora que la corriente moralizadora se propagandiza en los medios de comunicación.





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