César Gutierrez Peña

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Quejas por hidroeléctricas licitadas durante gobierno aprista

En la guerra de empresas del sector eléctrico, donde reitero mi posición que se utiliza a los pequeños consumidores domiciliarios como pretexto, con el agravante de politizar el tema con sofismas, como el comparar los costos entre los grandes y pequeños usuarios, los que no son comparables porque como en toda transacción comercial, el costo menor lo tienen los que hacen adquisiciones de mayores volúmenes; también se ha fustigado la construcción de centrales hidroeléctricas que se licitaron en el 2011 durante el segundo gobierno aprista, bajo el argumento que se produce perjuicio a Electroperú (ELP), que ha sido el obligado adquiriente.

Habrá oportunidad de polemizar sobre la pertinencia de la licitación y sus efectos sobre la eléctrica estatal, pero previamente quiero referirme a dos empresas: Luz del Sur y Statkraft, cuyos voceros predicaban en defensa de los fondos de los propietarios de ELP, que son los pensionistas que forman parte del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu).

Desde Luz del Sur, cuando el control la ejercía la californiana Sempra Energy, vinieron las más severas críticas a la hidroeléctricas Cerro El Águila y Chaglla, bajo el argumento que se les había asegurado un ingreso con cargo a una empresa estatal perjudicando a sus propietarios. En esta prédica, desde la noruega Statkraft se hacía entusiasta coro.

Hoy la situación ha cambiado, Luz del Sur ha sido comprada a fines de septiembre por una empresa de propiedad del Estado chino, que en abril pasado había adquirido la hidroeléctrica de Chaglla; así que la letanía del pasado no puede ser invocada en el presente.

No solo le cayó el boomerang al líder de la protesta, sino también a su acompañante, el vocero de Statkraft, que nadie le ha recordado, que dos años antes de la licitación citada, se adjudicó como postor único, con precio igual al máximo, que inexplicablemente fue explícito, la construcción de la Central Hidroeléctrica de Cheves, respaldada en adquisiciones de energía por parte de empresas distribuidoras del Estado, como el consorcio Distriluz, que agrupa cuatro empresas; Electro Sur Este, Electro Puno, Electro Sur Oeste y Electrosur.

Es hora de ir desmitificando afirmaciones en esta guerra que promete continuar.



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