César Gutierrez Peña

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Sedapal entre temores privatizadores

Los sindicatos de Sedapal se han puesto en pie de guerra por la publicación el pasado 13 de los corrientes del decreto supremo (DS) 214-2019-EF, donde se norma una participación porcentual del sector privado en el accionariado de las 32 empresas bajo el ámbito de la holding estatal Fonafe.

Se ha anunciado la presentación de un pedido de inconstitucionalidad del DS ante el Tribunal Constitucional. La realidad es que es mucho ruido para nueces inexistentes.

Es inimaginable que el gobierno endeble del señor Vizcarra pretenda incursionar en la participación de capital privado en empresas de propiedad del Estado, que no sería mala idea. Pero en las actuales circunstancias solo con los casos Tía María y el intríngulis en que se han metido en el caso “Gasoducto Sur Peruano” sus fiscales favoritos, tiene más que suficiente para lidiar en el terreno político.

El DS en mención está fijando las condiciones que deben cumplir las empresas del ámbito de Fonafe para no estar sujetas a la Administración Financiera del Sector Público (AFSP), que se normó mediante el decreto legislativo 1436 del 16.09.2018, que es un mecanismo de optimización de la gestión de las finanzas de las entidades y empresas de capital estatal. Se ha determinado que, para no estar sujetas a la AFSP, las empresas tienen que tener por lo menos un 30% de accionariado privado. Esto es muy diferente que estar en un proceso de privatización.

A raíz de este hecho, es pertinente recordar que Sedapal tiene demasiados cuestionamientos y limitaciones de gestión. Uno de los temas más recientes son las pésimas señales que está dejando en la contratación del “Servicio de Actividades Comerciales y Operativas”, que tiene que ver con la medición del servicio y distribución de documentos de pago. Son 512 millones de soles en juego, donde la empresa señalada por el aniego en San Juan de Lurigancho de enero pasado puede hacerse de por lo menos del 30% del servicio. Un tema que da para un artículo más amplio.

Ante hechos de esta naturaleza y otros relacionados al servicio, los sindicatos de la empresa de saneamiento deberían pensar que el ánimo ciudadano sobre la gestión estatal no es favorable y que una participación privada sería bien vista.



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