A escaso ocho meses de las elecciones y en un ambiente cargado por la confrontación política, un nuevo Jefe de Gabinete inicia su gestión ratificando a ministros cuestionados y en proceso de interpelación. Sin duda, ha sido el presidente Vizcarra quien demandó al general Martos confirmar a los titulares de Educación y Economía, para no proyectar una imagen de sometimiento, debilidad o temor ante el Congreso.

Confrontar, sin duda, caracteriza la personalidad del mandatario. En junio del 2008, cuando ocupaba la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua, organizó un paro reclamando incremento de las regalías mineras. Las carreteras fueron bloqueadas, empresas, comercio, mercados cerraron y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden, que tuvieron su momento más grave cuando un general de policía y cincuenta efectivos resultaron capturados por una exaltada población en el puente Montalvo, obligándolos a rendirse y pedir perdón.

Para evitar que la violencia escalara y frente al desabastecimiento de alimentos en el sur, el gobierno negoció las demandas y el llamado “moqueguazo” resultó la primera confrontación exitosa para su promotor, el Ing. Martín Vizcarra.

En el ejercicio de la presidencia, inició su gestión demoliendo al mismo Congreso que lo había habilitado para reemplazar a PPK. Lo hizo guiado por la brújula de encuestas, que registraban el creciente desprestigio de una institución que cometía la torpeza de no levantar el fuero a legisladores reclamados por la justicia, presentar proyectos inconsistentes o provocar escándalos sucesivos. Al hacerlo, Vizcarra sintonizó no sólo con la mayoría del país, sino con medios de prensa convertidos en aliados para enfrentar a un Congreso que también amenazaba sus intereses al aprobar una ley limitante de gastos de publicidad del Estado. Este episodio, que tuvo confrontaciones intermedias contra el Consejo Nacional de la Magistratura y seleccionados fiscales supremos, culminó con la inconstitucional disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones legislativas.

Vizcarra,sin embargo, mantiene en pie su ofensiva. Esta vez, en lugar de acatar respetuosamente la decisión democrática del Congreso, de no otorgar confianza al ex Primer Ministro, ha pretendido enlodar esa votación al sostener que “la reforma universitaria no se negocia” y agregar que “intereses subalternos” no pueden condicionar objetivos nacionales para enfrentar la pandemia, garantizar la calidad de la educación y generar empleo. A lo dicho, se ha sumado parte del coro oficialista, afirmando irresponsablemente que la censura es producto de un “chantaje” al gabinete desaforado porque el titular de Educación no otorgó licencia a algunas universidades, lo cual es absolutamente falso.

No existe declaración, moción o discurso que respalde lo dicho por el presidente y sus áulicos mediáticos. Es, simplemente,un corrosivo psicosocial que no contribuye a crear un ambiente de unidad nacional ante los estragos de una pandemia que ha llevado a la tumba a 50 mil peruanos, que incrementó el número de pobres de 6 millones 400 mil a 8 millones 800 mil y en 3 millones los desempleados, en un contexto donde la CEPAL estima que la caída del PBI será de 14% a fin de año.

El Perú demanda responsabilidad y no pirotécnica verbal, menos manipulación de encuestas o grotescos psicosociales. En suma, concertación y no confrontación, estrategia para enfrentar al Covid-19, que obliga al sinceramiento de las estadísticas de fallecidos y afectados, proyectos para crear masivos empleos y reactivar inversiones paralizadas, especialmente en la minería.