La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso de entonces (2018) le dio la partida de nacimiento. El gobierno de Vizcarra propuso un esquema que fue aprobado a ritmo de polka por el Parlamento, bajo amenaza de cierre por el mandatario.

Pronto la JNJ debe pronunciarse sobre el caso del exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry. La ponente Imelda Tumialán presentó su informe, recomendando su destitución, imputándole cuatro ridículas faltas:

1) Hablar con César Hinostroza, “el hermanito”. Hay una pléyade de jueces supremos que conversaron con este y le pidieron favores. Chávarry no.

2) No mencionar –en una entrevista televisiva– una reunión con periodistas en la casa de ‘Toñito’ Camayo, impulsada por Hinostroza. La prensa no es un tribunal donde se declara bajo juramento. Chávarry omitió la intrascendente reunión para no involucrar a terceros. Ahí no se resolvió nada y ya había una campaña mediática en su contra. Vizcarra mintió reiterada y groseramente sobre sus varias reuniones con Camayo. Pasó piola. Tumialán descarta que Chávarry sea de ‘Los Cuellos Blancos’.

3) Ordenar el deslacrado de una oficina fiscal, cerrada irregularmente por el fiscal Pérez y el juez Carhuancho. Los videos lo desmienten, por eso Tumialán no los menciona. Hay 16 testimonios indicando que Chávarry no participó ni dio orden alguna. Tumialán se zurra en ellos. Rosa Venegas declaró que la deslacró de ‘motu proprio’, sin orden alguna.

4) Convocar a un funcionario del Congreso para tomar acciones sobre una diligencia judicial.Ridículo. Chávarry lo convocó por ser especialista en conflictos sociales, vaya que los vivió; marchas orquestadas en su contra, protestas.

Tumialán no muestra una sola prueba en su precario informe. Hace una ensalada indigesta –sin sentido ni fundamento– con los artículos 36, 39 y 47 de la Ley de Carrera Fiscal. Establece una personalísima y arbitraria clasificación de lo que son falta grave y muy grave y ¡zaz! le zampa a Chávarry la destitución.

La mayoría de miembros de la JNJ tiene una clara orientación política. La ponente Tumialán trabajó en Defensoría con Walter Albán, férreo detractor de Chávarry. Este tiene 43 años en la institución sin ninguna falta. La influencia de ONG como IDL, Transparencia, Proética y aledaños en la JNJ es obscena e innegable.

El de Chávarry es un juicio político. Investigó a Vizcarra y le cayó la quincha. Lo han vejado, apabullado, calumniado. Fue sentenciado de antemano y saldrá de la Junta de Fiscales Supremos al igual que el también ‘evaluado’, el fiscal Tomás Gálvez.

La JNJ es una institución tenebrosa, de persecución política, que sigue órdenes del poder vizcarrista. Nombra y destituye a jueces y fiscales, miembros de la ONPE y RENIEC. Con razón renunciaron al consejo consultivo Gladys Echaíz y Beatriz Merino. Olieron a azufre, hedor del mal.