El arbitraje se ha convertido en una alternativa interesante para la solución de controversias, gracias a su flexibilidad, especialidad y rapidez para resolver las pretensiones, lo cual comparado con la demora de un proceso judicial, resulta ser una gran ventaja para las partes; sin embargo, es innegable que, en los procesos arbitrales, los costos en lo que se incurren son ostensiblemente mayores frente a los que se tienen que asumir en un proceso judicial; ello porque se tiene que cubrir los honorarios de los árbitros, secretaria arbitral y en el caso de un arbitraje institucional, los gastos administrativos del Centro.

Esto ha originado que se presenten casos en los cuales los costos del proceso arbitral resultan ser iguales o superiores a las expectativas de quien quiere hacer uso de esta vía, ya sea, por la cuantía de los montos reclamados o porque las pretensiones son de naturaleza declarativa, lo cual representa un límite para quien desea que se reconozca su derecho, siendo, en estos casos, el remedio peor que la enfermedad, pues en una lógica simple, difícilmente habrá alguien dispuesto a invertir 20 para recuperar 10.

Por ello, resulta importante que se tenga claro los alcances del convenio que se incorpore en los contratos, de modo tal que este sea eficaz y práctico, ya que no será igual un proceso administrado por una institución arbitral resuelto por un Tribunal Arbitral, que un proceso ad hoc resuelto por un Árbitro Único o un proceso derivado de, por ejemplo, un contrato para la construcción de una central hidroeléctrica frente a uno de arrendamiento.

En conclusión, siendo el convenio arbitral el punto de partida del arbitraje, debe descartarse la práctica de “copiar y pegar” para ahorrar tiempo y costos, ya que por más completa que parezca una cláusula arbitral utilizada en un contrato, no necesariamente va a funcionar en otro, por ello, el análisis de cada situación y relación contractual resulta fundamental para poder establecer un convenio arbitral que logre su finalidad: ser un mecanismo eficaz para la solución de controversias.

Fernando Nakaya Vargas Machuca