Desde que se gestó el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), se debate su casuística y eficiencia. Su circunstancia burocrática se torna errática cuando malos funcionarios de gobiernos igualmente pésimos vulneraron su espíritu, su ley marco y los protocolos de formalización, acaso favoreciendo a cuestionados alcaldes y traficantes de terrenos, especialmente a lo largo de decenas de kilómetros en la Panamericana Sur.
Empero, hay un caso en las narices mismas de la capital, en el distrito de Surquillo (Pueblo Joven Casas Huertas), que merece mayor atención de las autoridades porque es un viejo rezago de la injusticia generada por el dictador Juan Velasco Alvarado. Así, sobre esa base de despojo y expropiación revolucionaria-socialista, los llamados “diagnósticos de terreno” de Cofopri hoy no son necesariamente un dechado de legalidad, menos de justicia, en predios ubicados en dciha comuna.
No se trata de decir, por parte del Ejecutivo y los tecnócratas de Cofopri, “entrego títulos de propiedad por allá y por acullá”, bajo el espejismo de presentar “resultados de gestión” estadística, cuando lo importante y urgente es titular bien, solucionando conflictos y no agudizándolos. Cofopri no está exento de generar con sus actos abusos y arbitrariedades, y tal parece ocurrir en el caso de los ciudadanos Alberto Ponce y Karina Reaño, quienes vienen defendiendo su propiedad desde que nacieron y esto gracias a la dictadura socialista de Velasco.
Programas periodísticos como “Hora Seis”, de la FPP, Radio Miraflores La Auténtica, Nacional TV Perú y esta columna no han sido indiferentes al clamor de legítimos propietarios que vieron despojados sus inmuebles en Punta Negra o San Bartolo, pero ahora existen casos parecidos de injusticia en Surquillo, donde ya se evidencia que Cofopri y la municipalidad distrital, cada uno en lo suyo, cometen serios errores e ilegalidades.
Por ejemplo, los vecinos Ponce y Reaño viven un calvario, y no se necesita que Pedro Castillo (de Perú Libre) amenace veladamente con quitar mansiones a algunos para dárselas a los que no tienen techo, sino que en el caso mencionado el mundo está al revés, no pudiendo los ciudadanos referidos hacer uso y disfrute de su propiedad, adquirida en 1948 a la familia Marsano, y ello gracias a las políticas marxistas. De manera que las instituciones dedicadas a la formalización de la propiedad tienen que hacer un trabajo que no genere injusticias y respete su propia ley marco, sobre todo cuando choca con casos judicializados o cuando asoma las narices en predios inscritos en la Sunarp.
@RafaelRomeroVas

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