Colaboración público-privada para el desarrollo sostenible del Perú

Colaboración público-privada para el desarrollo sostenible del Perú

En 1988, durante mi mandato como senador, promoví la aprobación de la Ley de Actividad Empresarial del Estado, marcando un punto de inflexión en el pensamiento económico del país. Con esta legislación, dejé claro que la actividad empresarial del Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos concretos. Este enfoque se inspira en el modelo de las empresas públicas europeas impulsadas por el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, donde se priorizó la reconstrucción económica mediante inversiones estratégicas ejecutadas por empresas públicas.
La reflexión sobre este tema cobra relevancia en el contexto actual del Perú, donde los problemas estructurales como la informalidad, la baja productividad y las desigualdades sociales demandan un nuevo pensamiento económico. Como menciona Mariana Mazzucato, “el crecimiento económico solo vale la pena si es sostenible e inclusivo”. Esta afirmación subraya la necesidad de repensar las estrategias de desarrollo, priorizando la sostenibilidad ambiental y la equidad social como pilares fundamentales.
El modelo de colaboración público-privada emerge como una herramienta poderosa para abordar estos desafíos, principalmente cuando el sector privado no participa ni invierte en distintos rubros por razones de rentabilidad. Este formato permite combinar el profesionalismo del sector privado con la orientación hacia el bien común del sector público, generando sinergias que potencian el impacto de las inversiones. Un ejemplo destacado es cómo una inversión inicial pública puede tener efectos multiplicadores en el Producto Bruto Interno (PBI), catalizando la innovación y atrayendo capital privado hacia sectores estratégicos.
En este sentido, es crucial que el Estado asuma un rol activo como gestor del interés público. Esto implica establecer condiciones en los contratos de colaboración público-privada que orienten a las empresas hacia objetivos socialmente deseables, como la reducción de emisiones de carbono, la inversión en investigación y desarrollo, y la generación de empleo de calidad. Ejemplos internacionales, como el rescate de Air France condicionado a la disminución de emisiones de carbono o los programas de préstamos del banco de desarrollo KfW en Alemania para promover la eficiencia energética, demuestran el potencial transformador de estas políticas públicas.
En el contexto peruano, esta perspectiva puede aplicarse en sectores clave como la minería, la agricultura y las energías renovables. Por ejemplo, las empresas extractivas podrían ser incentivadas a invertir en tecnologías limpias y a generar valor agregado en el país, reduciendo su impacto ambiental y contribuyendo a la industrialización, lo que también traería beneficios económicos al país al alinearnos a las políticas internacionales de defensa del medio ambiente, para lo que existen presupuestos asignados del BID, del Banco Mundial, el FMI, entre otros. Asimismo, en la agricultura, la colaboración público-privada podría facilitar la modernización del sector mediante la implementación de sistemas de riego tecnificados y la promoción de cultivos sostenibles, algo aprovechable considerando el alto valor nutricional de los productos agrícolas, particularmente andinos, que se venden como productos gourmet en el mundo, como la quinua, la papa, la maca, entre otras, que en las parcelas agrícolas donde se producen, se comercializan a centavos por kilo.
La contratación pública estratégica también desempeña un papel fundamental en esta visión. Con un presupuesto en el mundo de alrededor de 13 billones de dólares anuales, representa una herramienta poderosa para fomentar la innovación y la inversión en línea con las prioridades gubernamentales. En el Perú, reorientar los procesos de contratación hacia resultados que promuevan el desarrollo sostenible podría generar un impacto significativo en áreas como la infraestructura educativa, sanitaria y de transporte.
No obstante, para que estas estrategias tengan éxito, es esencial fortalecer las capacidades institucionales del Estado. La implementación de una política industrial moderna requiere un sector público competente, emprendedor y dinámico, capaz de asumir riesgos y colaborar eficazmente con el sector privado.
El Perú necesita adoptar un enfoque estratégico que combine la actividad empresarial del Estado con la colaboración público-privada para superar sus desafíos estructurales. Esto no solo implica movilizar recursos financieros, sino también redefinir las prioridades de desarrollo hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas que pueden adaptarse a nuestro contexto, siempre que exista una visión política clara y un compromiso decidido con el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente.
Se debe considerar que cualquier iniciativa debe ir de la mano con un adecuado sistema de transparencia y lucha contra la corrupción, debido a que, actualmente, en el Perú existen más de 2500 proyectos de inversión pública detenidos por vicios de corrupción, en donde ha participado tanto el sector público como el privado.

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