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A la cárcel por ser abogado

No pretendo hacer una defensa cerrada de José Humberto Abanto Verástegui, con quien por cierto me enfrenté alguna vez en el foro por un tema que prefiero olvidar, ni de ninguno de los abogados procesados por el delito de cohecho pasivo en el caso de los arbitrajes irregulares. Sin embargo, es obligatorio responder a uno de los argumentos para la controvertida prisión preventiva que les acaban de imponer por haber sido árbitros entre Odebrecht y el Estado Peruano.

En principio, en una verdadera democracia, el abogado utiliza todo su genio, talento y habilidad para ejercer el noble oficio de la defensa judicial. Insólitamente, es esta conducta o habilidad la que ha servido como argumento para sustentar la prisión preventiva de dichos investigados que, bajo el pretexto de que al ser expertos en derecho, “han instrumentalizado la profesión para cometer diversos delitos”. En otras palabras, se les manda a la cárcel porque existe “sospecha fuerte” de que en su condición de letrados van a obstaculizar las investigaciones.

Independientemente de los elementos de convicción que pueda haber encontrado la Fiscalía en el presente caso y la aplicación de una pena privativa que supera los 4 años, deben causar reflexión los límites que puede cruzar el juzgador para imponer una medida cautelar tan gravosa a través del denominado “Peligrosismo Procesal”.
Causa alarma que uno de los fundamentos del doctor Jorge Chávez Tamariz para acoger el pedido fiscal, pues va mucho más allá de lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 1 -2019/CIJ-116, el cual señala los parámetros del “peligro de Fuga” y del “peligro de obstaculización”, requiriéndose la concurrencia de una de ellas para justificar dicha medida, tal como lo prevé el literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal.

Este riesgo se sustenta en los diversos antecedentes de los imputados, entre ellos la conducta procesal que han tenido en otros casos similares. Sin embargo, en la última audiencia el juez ha ordenado la prisión preventiva porque supone que los imputados pueden entorpecer las investigaciones por el hecho de ser abogado.

La actuación de un letrado, en cualquier proceso, no debe servir de argumento para sustentar el peligro de obstaculización de la justicia; en razón a la libertad consagrada en nuestra Carta Magna y al derecho irrestricto a la defensa que le asiste a cualquier ciudadano y porque se está sancionando el ejercicio de la abogacía. Se está reconociendo la incapacidad del Ministerio Público en desplegar legalmente todos los recursos que una sociedad democrática le brinda para lograr los fines de la investigación que se propone.

La prisión preventiva debe ser la última ratio en todos los casos y el juez, como último garante del respeto a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, no debe transgredir este principio de civilización y de justicia.

Alejandro Ríos – Ex procurador público.



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