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Ciudadanos de segunda categoría

A propósito de los desmanes en Ecuador por el famoso Decreto 883 -que quitó los subsidios a los combustibles y levantó a las comunidades indígenas que llegaron a secuestrar a ocho policías amenazando con aplicarles la “justicia ancestral” en caso de que el Gobierno intentara liberarlos- se me viene a la mente el “Baguazo”. En realidad, es un caso de impunidad para quienes asesinaron a policías que solo cumplían su deber. El 25 de setiembre último, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema llevó a cabo la audiencia para el voto dirimente en solo uno de los tres procesos que conforman el caso contra los manifestantes, el denominado caso “Curva del Diablo”.

Si bien existen otros juicios donde son procesados miembros de la PNP que participaron en los hechos del 5 de junio del 2009, “La Curva del Diablo” cobra especial relevancia porque allí fueron victimados inmisericordemente 10 efectivos de la Dinoes. Ellos realizaban un operativo cuyo único propósito era restaurar el orden público en la carretera Fernando Belaunde, cerca de Bagua. La vía estaba bloqueada más de 55 días, como medida de protesta contra los decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García.

Aquel día, cerca de cinco mil nativos de diferentes comunidades mataron a los agentes Julio César Valera Quilcate, Juan Jacinto Mescua Aucatoma, Luis Gómez Murillo, Ángel Lévano Bernaola, Oswaldo Vargas Cotrina, Carlos Chiong La Negra, Agapo Medina Apaza, Paul Camacho Delgado, Oscar Nieto Chuquillanqui, Fabián Llancas Orellana, John Peña Salazar, Octavio Zevallos Contreras, Víctor Álvarez Obregón, Perú Jorge Siaden Candiotti, Diógenes Oré Torres, Frank Ferroñán Alcalde, Roberto Diego Dávila, Lucho Oswaldo Vásquez Maldonado, José Armando Mori Chaname, Jhonny Salcedo Meza y Héctor Alfredo Núñez Choque.

La justicia peruana, a través de una sentencia controvertida, ha casi culminado este proceso sin haber hallado culpables. Es decir, no se llegó a determinar quiénes, de manera criminal, acabaron no solo con las vidas de estos hermanos, sino también con las expectativas, esperanzas y sueños de sus familias. El caso emblemático se encuentra en dirimencia ante la Corte Suprema, donde los votos están 3 a 3, habiéndose llevado a cabo la audiencia que llevará al “desempate” y ordenará, según sea el caso, el archivamiento definitivo del proceso o el inicio de un nuevo juicio oral contra todos, solo por delitos de disturbios y bloqueo de carreteras.

Respecto a los delitos de homicidio calificado –asesinato, lesiones graves y otros-, nuestra justicia ya se pronunció y absolvió a todos los procesados, siendo tildada la decisión por los abogados defensores como “sentencia histórica”.

Y sí, estoy de acuerdo. Es una sentencia histórica, pues a pesar de que existen fotos -trágicas– de cuerpos mutilados de estos policías, no se hallaron culpables. Incluso se absolvió utilizando criterios de interculturalidad. Es como si alguien me dijera; “tengo el gran honor de conocerlo” dándome a entender que existe un mediano o chato honor destinado a otras personas. O se absolvía por falta de pruebas o se aplicaba los criterios de interculturalidad para bajar la pena prudencialmente.

Pero no, a mi criterio existe una motivación diminuta e insuficiente, permitiendo la impunidad y, en el mejor de los casos, la prescripción de algunos delitos, y que diez familias estén en el abandono y sin derecho a la verdad siendo tratados como ciudadanos de segunda clase por culpa de una pésima investigación fiscal. Eso sí que es histórico.

Alejandro Ríos Delgado – Ex procurador público. @ariosdelgado



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