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El Tribunal Constitucional ante su conciencia

Si el presidente Vizcarra asocia el concepto de democracia a los conceptos de Estado de derecho e independencia de poderes, debería ser el primer interesado en que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el fondo de la demanda competencial sobre la que el supremo intérprete de la Constitución tiene que dictaminar nítidamente, si quiere evitar el bochorno internacional que significaría una cobarde declaración de inadmisibilidad basada en argucias procesales. Es imperativo leer con atención y objetividad una de las “Conclusiones” de la Opinión Consultiva de la prestigiosa Comisión de Venecia (el texto está en inglés, sin versión oficial en español): “46. La Comisión espera que el Presidente y el Congreso del Perú encontrarán un compromiso y soluciones constitucionales adecuadas para proveer estabilidad institucional y ayudar a las autoridades a asumir los desafíos que enfrenta la sociedad peruana”. Esta referencia puntual al “Congreso” evidencia el reconocimiento internacional de que nuestro parlamento está vivo y es uno de los dos actores de la contienda de competencias que debe zanjar el TC si quiere estar a la altura que su función reclama en una coyuntura tan crucial como la presente.

Por otra parte, en su Comunicado oficial de 1 de octubre, el Secretario General de la OEA expresa que “compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la
Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos del mismo”. ¿Cómo podrían los magistrados del TC declarar inadmisible la demanda del presidente de la Comisión Permanente del Congreso para que diriman la contienda de competencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo? ¿No sería internacionalmente escandaloso que nuestra jurisdicción constitucional ignore el pedido de la OEA, negándose a ejercer la elevada función que la Constitución le asigna y condenándonos a la incertidumbre política que paraliza al Perú? Es meritorio que, sobreponiéndose a su convalecencia, el presidente del TC haya llegado en silla de ruedas para asumir sus obligaciones en una coyuntura tan crítica.

No es encomiable, en cambio, que haya resignado su prerrogativa para evitar que un magistrado que ha adelantado opinión sobre la materia a juzgar haya tenido el descaro de votar por sí mismo para ser ponente en el trascendental caso que el Tribunal debe sentenciar. Es obvio que su interesada posición se suma a la de los magistrados Espinoza Saldaña y Ledesma, lo que anticipa una suerte de concertación política para bloquear un pronunciamiento, como recomienda el Secretario General de la OEA. En vista de los hechos que hacen dudar de los dichos del presidente Vizcarra sobre su apego a la Constitución y su anunciado acatamiento a la decisión del TC, el Jefe de Estado debería pedir a su premier que conmine al procurador de la Oficina del Primer Ministro a dejar sin efecto la vergonzosa acusación por usurpación de funciones contra el presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Como máximo responsable de la política exterior y del prestigio internacional del Perú, el presidente Vizcarra debería percatarse de las consecuencias del populismo caudillesco al que lo ha conducido el “posicionamiento permanente” aconsejado por su asesor político Maximiliano Aguiar. Nuestro Jefe de Estado debería aquilatar que el efímero éxito de la demagogia —que le ha servido en lo interno— afectará severamente la imagen internacional del Perú. Porque en el reguero de nuestros destrozos institucionales, el descalabro del TC por presión de Palacio sería el pináculo que marcaría el ingreso del Perú al cínico club de gobiernos que predican lo que no cumplen.

Al analizar nuestras flaquezas en su artículo de ayer en El Comercio (“Fait Accompli”), Roberto Abusada diagnostica lúcidamente la situación que se viene configurando a causa de: “la debilidad de las instituciones, la ineptitud del Estado y, sobre todo, la disfuncionalidad de la política. Es allí donde podemos encontrar las razones que han echado por tierra toda esa idea idiota acerca de la separación entre la economía y la política (…). Afortunadamente, el consabido argumento de las ‘cuerdas separadas’ –que sugiere implícitamente que el auge económico puede convivir en medio del deterioro de la política– ha sido finalmente refutado. Los hechos políticos de los últimos años muestran fehacientemente que un sistema político disfuncional siempre está detrás de los estados fallidos y que, más temprano que tarde, este acaba con cualquier éxito económico. Nadie podrá creer ahora que es posible sustentar el éxito económico si el sistema político permite el deterioro del imperio de la ley…”. Quiero agregar finalmente que la disolución del Congreso y el afán de minimizar la condición de la Comisión Permanente anulan el control político de las acciones del Ejecutivo. Es necesario entonces que, aparte de la atención vigilante de la prensa y los ciudadanos, instituciones como Transparencia se esfuercen en observar y denunciar eventuales transgresiones del Ejecutivo al legislar por decretos de urgencia, o en mantener absoluta neutralidad.

J. Eduardo Ponce Vivanco



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