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¿Justicia interpretativa?

“La ley y la perspectiva plural en primera persona”, este artículo de Titus Stahl, nos invita a reflexionar sobre cuál es la legitimidad o las razones que están detrás de las leyes. Esta autorización, debe fundarse sobre una base que no esté soportada en meras actitudes personales, sino en las razones que se reconocen como obligatorias y que están detrás de cada norma, en el caso de violación de menores, lo que se protege es la identidad de las menores de 14 años y nadie debe aprovecharse de esa condición para corromper a una menor, sometiéndola a prácticas sexuales, aún con su consentimiento, que es inválido porque no está en la capacidad para consentir dicho acto, pero este modo de entender su aplicación es interpretado de distintas maneras según los intereses personales de cada persona, que no siempre coinciden con los de la ley. Según Hart, este dilema debe ser resuelto, no como una perspectiva de cada individuo en un grupo, sino como una perspectiva que tienen dichos individuos como miembros del grupo, con un compromiso conjunto para con la ley, como actividad colectiva y no individual.

Existen distintas maneras de ver o interpretar la ley, según el momento y la experiencia de cada quien, en el caso concreto vemos cómo se distorsiona esa razón o sentido que está detrás de cada norma, observando por ejemplo que en la Selva el desarrollo sexual de las menores es más temprano y la edad o límite fijada en la ley para distinguir un acto consentido de uno violento es confuso y vemos que se puede llegar a imponer una pena de 30 años, por un acto que se da dentro de esos límites, pudiendo ser un acto consentido resultando por tanto la pena impuesta desproporcionada e injustamente aplicada fuera del sentido o espíritu que busca prevenir la propia ley.

Esto en lugar de dar seguridad jurídica crea un efecto contrario, porque dependiendo de la interpretación individual de la ley que le den los agraviados, sustrayéndose de su aspecto ético o moral, que van desde lucrar con este delito, hasta tratar de asegurar o garantizar una pensión si ha quedado embarazada, sin interesarles el aspecto teleológico de la norma, distorsionando su sentido y en este error también incurre, por la presión mediática los funcionarios judiciales, al tener una posición paternalista, basados en un acuerdo plenario 1-2011/CJ-116 de la Corte Suprema que señala: “Que para evitar la revictimización no se le puede citar a la menor a que declare” y en el “interés superior del niño”, pero tampoco este derecho puede servir para revictimizar a los imputados que tienen derecho a la inocencia, sentenciados con el solo dicho, sin que el imputado pueda ejercer su defensa.

El Artículo 159 NCPP establece lo siguiente: “El Juez no puede utilizar, directa ni indirectamente, las fuentes o medios de prueba con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”, sin embargo, con la sola declaración de la agraviada, sin someterla a un control judicial en un debido proceso en el cual se garantice los derechos de defensa de los imputados, inmediación y contradicción, no se puede condenar, de lo contrario se estaría violando la legitimidad de la prueba como lo prescribe el Articulo VIII del Título Preliminar del NCPP: “Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo”. El acuerdo plenario antes citado, contradice este principio y se condena sin pruebas y sin una sana crítica de los jueces inferiores respecto de sus superiores, en cuanto a discrepar de esos criterios que se imponen sin dudas ni murmuraciones.

Julio Enrique Biaggi Gómez – Ex Juez Superior



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