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La inversión de la colaboración eficaz

La finalidad de la colaboración eficaz conocida también como derecho penal premial, es eximir, atenuar o exonerar de responsabilidad penal a todos aquellos que habiendo participado en la comisión de delitos graves, por distintas razones deciden colaborar con la justicia proporcionado determinada información que de otra manera hubiera sido difícil obtener, en razón de que se trata de información inédita, oculta y velada que no se sabía y que permite conocer la estructura interna de una organización criminal; quiénes son sus integrantes o colaboradores; dónde está escondido el dinero: cómo operaban y otros aspectos claves en una investigación de proyecciones.

En nuestro medio, los antecedentes en materia de colaboración se remontan al año de 1989 cuando se promulgó una legislación específica para penetrar a las organizaciones terroristas, que como todos sabemos tenían en jaque al país y que no sabía cómo enfrentar un fenómeno de estas características. Las referencias se ubican en la legislación italiana y alemana que sirvió de base para el desarrollo de los primeros proyectos en el medio nacional. Sus resultados fueron óptimos, porque fue a través del perdón de la sanción, que se logró información estratégica que de otra manera hubiera sido imposible conocer. Más adelante la colaboración se incorporó con éxito para los delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción, crimen organizado y lavado de activos.
El punto de quiebre que desnaturalizó, transfiguró y pervirtió esta legislación en nuestro medio, se suscita a partir de la Ley 30737 de fecha 12 de marzo de 2018 promulgada días antes de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynskil día 24 de marzo del mismo año. Refiero que este mecanismo ideado para enfrentar a la delincuencia común se convirtió en una herramienta política, entre otras razones, porque es a través de esta ley que se permite al Ministerio Público aplicar por primera vez la colaboración eficaz a las empresas nacionales y extranjeras investigadas por delitos de corrupción y lavado de activos.

Los principios fundamentales de la legislación sobre colaboración eficaz fueron ideados y diseñados solo para personas naturales y no para empresas o personas jurídicas, cuyo tratamiento legal es diametralmente distinto a las personas físicas que pretenden brindar información. Para ello existen las consecuencias accesorias establecidas en el código penal o la responsabilidad penal de sus representantes o apoderados. En otras palabras, sería incoherente que carteles de la droga, organizaciones terroristas, bandas armadas u otras estructuras dedicadas a la criminalidad grave, pretendan como organizaciones quedar liberadas de toda responsabilidad penal, a pesar de la gravedad y trascendencia de los crímenes cometidos.

A ello, sumémosle la presencia constante y permanente de empresarios y políticos de primer nivel indagados, investigados o acusados por delitos de corrupción y lavado de activos. El tema no es el pago o la asignación de montos para el pago de una reparación civil a las empresas investigadas que deciden acogerse a la colaboración eficaz, aspecto particularmente espinoso y controvertido que en todo caso puede ser tratado aparte. El asunto es que esta legislación ha perdido objetividad, credibilidad y racionalidad, porque evidentemente no es igual que un delincuente común que a titulo individual decide acogerse a este beneficio, que una empresa corporativa o asociada nacional o internacional aún con presencia política relevante y en distintos niveles.

LUIS LAMAS PUCCIO



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