La restricción de gestionar recursos presupuestales

El Congreso de la República, mediante Ley 30823, delegó por 60 días en el poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad. Y,  con el objetivo de modernizar el Sistema Nacional de Presupuesto, aprobó el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Su finalidad es ordenar el Sistema Normativo de Presupuesto Público haciéndolo más ágil en algunos temas y, en otros, continuar limitando el uso indebido del presupuesto público, como en el caso del “crédito presupuestario” previsto en los artículos 33 y 34 del Decreto Legislativo vigente, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Los presupuestos asignados a las entidades públicas del Estado no siempre cubren las necesidades presupuestales, conllevando reclamos de éstos ante el Presidente, el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas solicitando a viva voz mayor asignación de recursos.

Con esta norma, se establece que las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y convenios deben estar sujetos al “crédito presupuestario” asignado al Pliego, prohibiéndose que se condicione su aplicación a un crédito mayor al autorizado y cerrándose de esta forma cualquier posibilidad para los pliegos presupuestarios de contraer obligaciones superiores a lo autorizado en las leyes anuales de Presupuesto del Sector Público, porque resultarían actos ineficaces y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa de la persona y del titular de la entidad que autoriza el acto.

Nos preguntamos, ¿qué salida normativa tendrán los pliegos presupuestales para gestionar mayores recursos para necesidades tan importantes como la salud o la educación en beneficio de la población de extrema pobreza, cuando el candado impuesto supedita a ejecutar sólo los recursos previstos en su “crédito presupuestario”?

El Decreto Legislativo no contempla una salida, pero esta, sorprendentemente, se encuentra regulada en el artículo 36 de la Directiva 001-2019- EF/50.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” aprobada mediante Resolución Directoral 003-2019-EF/50.01 y su modificatoria, llamada “demandas adicionales de gasto”.

Es una solicitud que debe presentar un informe conteniendo como mínimo el  sustento de la no disponibilidad de recursos para atender progresivamente la demanda de gasto con cargo al presupuesto institucional aprobado y el cronograma mensualizado detallado de certificación del crédito presupuestario, entre otros requisitos que condicionan a fundamentar que los recursos asignados no cubren las necesidades.

El ente rector, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, debe brindar la asistencia técnica a los pliegos presupuestarios para facilitar el acceso a mayores recursos presupuestales a través de esta solicitud técnica.

Mariela Rivera Godos





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