Odebrecht en el país de las maravillas

El 7 de diciembre de 2018, la agencia Bloomberg -que es, junto a Reuters, una de las más importantes agencias de noticias económicas del mundo- dio cuenta de que Odebrecht se estaba quedando sin activos para garantizar sus obligaciones frente a sus acreedores.

El hecho es que el brazo constructor de Odebrecht, Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) había informado que buscaría reestructurar su deuda luego de no cumplir con el pago de un cupón derivado de los US$ 3,100 millones que debe en bonos.

La situación era desesperada, tanto que Bloomberg también daba cuenta de que la escasez de activos que respalden nuevos bonos significaba que OEC tendría que encontrar alternativas “creativas” para ofrecer a los tenedores de bonos, contándose entre ellas el uso de flujo de efectivo de los cuatro proyectos actuales que aún generan flujo y de negocios futuros, así como una permuta de deuda por acciones.

Peor aún, siempre según Bloomberg, Odebrecht contaba con la venta de activos en Perú para pagar la deuda, incluido su proyecto hidroeléctrico Chaglla, que acordó vender en agosto de 2017 a China Three Gorges por US$ 1,400 millones.

En este estado su insolvencia las expectativas de Odebrecht se vieron rebasadas por la generosidad de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez que le dieron un acuerdo a su medida, así como del ministro Vicente Zeballos y su procurador anticorrupción Jorge Ramírez, quienes le autorizaron la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla y una reparación civil irrisoria, respectivamente.

Finalmente, los amigos de Odebrecht quieren decirnos que esta es una empresa rehabilitada. Olvidan que en el informe de la comisión Lava Jato del Parlamento hay 11 proyectos con indicios de corrupción. Odebrecht tenía un modelo de actuación en el Perú, y todos sus proyectos han encajado en el mismo modelo.

Además usaban a la prensa para vender la necesidad del proyecto; luego había un pacto entre las más altas autoridades del gobierno de turno con Odebrecht, después venía un marco normativo; por ejemplo, a la obra se le declaraba de interés nacional para exonerarla del SNIP y todo tipo de controles.

Finalmente, se presentaban a la licitación con un bajo presupuesto y aparecían las figuras de las adendas que aumentaban los precios de la obras. Con la interoceánica se comenzó con US$ 800 millones y termino en 4 mil millones. Esa es la triste realidad.

Escribe: Rosa Bartra*

*Presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República

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