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Tribunal Constitucional

Tiene origen como institución orgánica en la Constitución de 1979, producto de la Asamblea Constituyente, con la denominación de Tribunal de Garantías Constitucionales, teniendo como competencias, ver en casación las sentencias denegatorias emitidas por el Poder Judicial en los procesos de amparo y hábeas corpus, y la acción de inconstitucionalidad.

El Congreso Constituyente Democrático de 1992 aprueba la Constitución de 1993, la cual modifica la denominación inicial y la convierte en Tribunal Constitucional.
Dándole competencias similares, se agrega lo concerniente a los procesos de cumplimiento y hábeas data, precisando que será una última y definitiva instancia, valiéndose los judiciales para llegar a ello del denominado Recurso de Agravio Constitucional; verá en instancia única los procesos de inconstitucionalidad, así como el novedoso proceso competencial destinado a resolver los conflictos generados entre los poderes del Estado u otros entes burocráticos.

La Constitución no precisa que el TC es el supremo intérprete de la misma, pero el artículo primero de la Ley 28301 de manera expresa lo materializa “es el órgano supremo de interpretación y control constitucional”.

Cuan significativo es que el común de la ciudadanía tenga noción de las competencias que corresponde al TC.

La calificación y selección de los miembros titulares debe ser orientada en mérito al valor y jerarquía en un Estado de derecho del significado e importancia constitucional en el Orden Democrático que tienen las competencias del TC.

La idoneidad de los titulares debe revestir la más alta calidad profesional, decencia personal y un elevado comportamiento ético funcional.
Recientemente, más de un magistrado de este organismo, ha protagonizado hechos públicos, actitudes y comportamientos que descalifican la esencia de la idoneidad del titular.

Así tenemos la inclinación a poner de manifiesto tendencias ideológicas en la política de coyuntura y peor aún el adelanto del sentido del voto en el dictamen de las resoluciones. Por otro lado, el afán protagónico y mediático en los medios de difusión, en especial las cámaras de televisión. También la denuncia formulada al mejor estilo de una cándida quinceañera acosada, de la cual no se llegó a esclarecer la veracidad del intento de soborno. Por último la denuncia de maltrato y vejación a una secretaria del TC por parte de uno de los titulares.

El periodo del ejercicio de funciones no debería ir más allá del establecido por Ley. Es otro aspecto que atenta contra la legitimidad y legalidad de las competencias del Tribunal Constitucional.

Seis de los actuales miembros, desde junio 2019, se encuentran fuera del periodo o mandato conferido al nombrarlos titulares del TC.

Uno de los cuales ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional, en desmedro del único titular que se encuentra con periodo y mandato vigente.

Cabe preguntar, los congresistas que conformen el Parlamento en el cortísimo periodo complementario, tendrán la capacidad de consensuar la elección de titulares que reúnan la idoneidad requerida para ser magistrado del Tribunal Constitucional; tendrán la madurez, valor y energía para defender el fuero congresal e impedir la intromisión del Ejecutivo (dictadorzuelo) y de cualquier otro Poder.

La ciudadanía estará atenta y vigilante a esta elección de magistrados o continuará siendo una masa boba (ignorante y desinformada).

Si no se fortalece y empodera la Institucionalidad del Estado, con el equilibrio e independencia de Poderes, respetando la Constitución y el Orden Democrático, lo único que habrá es la anarquía.



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