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A propósito de los que traicionaron al Perú

Un país sin justicia está condenado a su propia extinción como sociedad civilizada. La justicia, que no es otra cosa que dar a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece, es fundamental para el sano crecimiento de una sociedad.

Hoy nuestro Perú es un ejemplo mundial de sociedad en la que se lleva a juicio a exgobernantes que se aprovecharon del poder para beneficio propio. Hoy en el extranjero nos ven con orgullo y afirman que somos capaces de llevar a la cárcel a los poderosos. Sin embargo, hay quienes desde la tribuna del derecho o de la política o incluso del periodismo pretenden confundir y proteger a estos exgobernantes, a estos poderosos. De ahí que sea necesario poner en claro varios conceptos para evitar confusiones.

Recibir dinero para “campaña” de fuente ilegal, en soledad y nocturnidad, sin declararlo y luego usarlo según tu propio albedrío, incluso para comprar chocolates “Godiva”, es delito; repito, es delito de lavado de activos.

Hacer favores cuando se es funcionario público a cambio de que luego en la actividad privada me paguen suntuosas consultorías e incluso estando en el cargo lo hagan a “un banquito” protegido por “la muralla china”, es un delito.

Quien diga que no, es porque ignora el derecho, es cómplice o porque siendo abogado le han pagado para que diga eso.

Hay que desconocer el código de ética de los abogados para defender corruptos culpables como si fueran inocentes. Esa no es la función del abogado, eso es la perversión de la noble profesión. El abogado defiende la verdad y la justicia por encima del engaño del cliente. La abogacía es una profesión social de entrega a la verdad y no un vil oficio para hacer artilugios en favor del criminal.

En esta lucha contra la infamia y la mentira, asistimos también al griterío de quienes se llenan la boca diciendo que recibir, en castizo, coimas no es delito, o que si bien recibieron dinero era para sus campañas y que el financiamiento de partidos políticos no es delito y, claro, convenientemente se olvidan que cuando ese financiamiento se hace por fuente ilegal denominada “división de operaciones estructuradas”, en cuarto cerrado, a la vista de nadie, sin declararlo y para utilizarlo al libre antojo, entonces y sólo entonces estamos hablando de que sí es delito de lavado de activos.

Que no vengan a confundirnos los corruptos, los opinantes interesados o los asalariados con plata dudosa, de que cometieron un error, que no hay delito y son unos angelitos. No lo son.

Cuánta falta nos hace hoy para sanción de los corruptos la vigencia del Decreto de Bolívar o la práctica cotidiana del Inca Pachacútec a quienes se aprovechaban del cargo para dañar a otros o al imperio.

Las cosas claras y sin maquillaje, todos los que se vendieron y traicionaron al Perú merecen no solo el desprecio popular, sino pagar con la cárcel sus infames fechorías. El día en que eso ocurra, esperemos sea pronto, habrá una chispa de luz que encienda la oscuridad de la impunidad.

Dr. Carlos Torres Caro





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