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Aprobación de la Ley de Presupuesto ante la disolución del Congreso

La administración económica y financiera del Estado se rige por el Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso (artículo 77 de la Constitución Política del Perú).

El numeral 4 del Artículo 101 de la Constitución establece que son atribuciones de la Comisión Permanente ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue, pero no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, ni leyes orgánicas, o las leyes de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Ante la disolución del Congreso, surge la pregunta de quién aprobará la Ley de Presupuesto para el presente año fiscal. Si bien se ha dejado en el tintero una serie de normas que se debe aprobar, entre ellas la Ley de Presupuesto, ¿a quién le correspondería aprobarla y escuchar a los Pliegos presupuestarios en la sustentación de sus presupuestos?

El Ejecutivo cumplió con remitir al Congreso el proyecto de Ley. Ante su disolución, queda la Comisión Permanente, pero esta no está facultada para aprobar la Ley de Presupuesto. ¿Correspondería entonces al Poder Ejecutivo?

Veamos el segundo párrafo del artículo 80 de la Constitución. Establece que, si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por Decreto Legislativo. Es decir, se faculta al Presidente a promulgar una Ley de Presupuesto mediante decreto legislativo. Pero la inexistencia del Parlamento no sería el caso, porque existe disolución de ese poder del Estado.

Sobre el particular, el numeral 19 del artículo 108 de la Constitución establece que corresponde al presidente de la Republica dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. Por supuesto, con aprobación del Consejo de Ministros. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, pero el que se elija el próximo año.

Cada año el Presupuesto se aprueba mediante ley. Es decir, tiene una jerarquía normativa superior a la de un decreto de urgencia. En un gobierno de facto se aprobaría mediante un decreto ley, pero al emitirse un decreto ley se estaría reconociendo implícitamente que estamos en un Estado no democrático.

En el presente caso, solo quedaría el artículo 101 de la Constitución. Esta norma faculta al Ejecutivo a emitir un decreto de urgencia en materia económica y financiera, y la Ley de Presupuesto tiene efectivamente carácter económico y financiero. Recomendaría que sea aprobada mediante esa norma, la cual será revisada por el próximo Congreso. De no ser así, tendríamos un caos presupuestal.

Mariela Rivera Godos



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