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Compliance penal: avancese importancia de su implementación

Atendiendo a la complejidad que los negocios han venido adquiriendo desde hace algunas décadas y a los casos emblemáticos de empresas vinculadas a hechos delictivos, organismos internacionales y gran parte de los Estados buscan actualmente implementar medidas para evitar que las empresas sean utilizadas como vehículos para la comisión de delitos.

Fue en atención a lo descrito en el párrafo anterior que, en el año 2016, el Estado Peruano, advirtiendo la necesidad de implementar una norma que permita corregir el actuar indebido de los particulares, emitió la Ley 30424 (en adelante, la Ley) definiendo la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de Cohecho Activo, Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo, Colusión y Tráfico de Influencias. La norma entró en vigencia el 1.1.2018.

Si bien nuestro Código Penal en sus artículos 104 y 105 ya regula la responsabilidad de las personas jurídicas, esta es de carácter accesorio a la acción penal seguida contra la persona natural que cometió el delito en representación o beneficio de ella, en otras palabras, la responsabilidad prevista en el Código depende del resultado de la acción penal contra la persona natural.

Un aspecto importante es que la Ley atribuye responsabilidad “autónoma” o “independiente” directamente a las personas jurídicas por la comisión de los delitos descritos en la referida norma. Asimismo, la Ley también regula la posibilidad de mitigar o eximir de responsabilidad a las personas jurídicas que hubiesen implementado un modelo o sistema de Prevención de Delitos comúnmente conocido como “Compliance Penal”. Para ello, las empresas deben tener en consideración los elementos y requisitos establecidos en el Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo 002-2019-JUS.

El referido Modelo opera de manera integral y se extiende a todas las áreas de organización interna de la sociedad. La idea es que contemple medidas financieras y no financieras que prevean la posibilidad de que la sociedad no se beneficie de un acto delictivo proveniente de las personas naturales dentro de su estructura, siendo que su implementación podría llevar incluso a eximirse de cualquier tipo de responsabilidad.

Corresponde precisar que, a raíz de la publicación del Reglamento de la Ley, el 9 de enero de 2019, se ha definido mayores elementos necesarios para implementar el Sistema de Prevención de Delitos acorde a los estándares internacionales que nos brindan las ISOS. Así podemos advertir a modo de ejemplo lo siguiente:

  • Se ha establecido las fases estratégicas para la gestión de riesgos, definiéndose lineamientos a considerar para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos;
  • Además de los elementos mínimos que contemplaba la Ley, se ha precisado que, se podrá implementar, de manera adicional, otras medidas como “Políticas para áreas específicas de riesgos”, “Registro de actividades”, entre otros.

Finalmente, cabe mencionar que en el Perú resulta de suma importancia adecuarse a la normatividad dispuesta en la Ley e implementar un Sistema de Prevención Integral y efectivo dentro de las personas jurídicas, a fin no sólo de asegurar el cumplimiento de las normas antes señaladas y mitigar los efectos en la empresa sobre posibles actos llevados a cabo de manera aislada por algún trabajador, sino especialmente, asegurar su operatividad, continuidad y crecimiento empresarial, apoyada en prácticas de buen gobierno corporativo que cada vez en mayor grado son requeridas en las relaciones comerciales.

Rafael Torres Morales / Socio Senior de Torres y Torres Lara Abogados





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