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El dedo en la llaga

Por María Isabel León, presidenta de Confiep y educadora (*)

La interpelación, la censura, la cuestión de confianza y la disolución del Congreso ante una crisis total del gabinete son instrumentos legítimos contemplados en la Constitución, que garantizan el equilibrio de poderes y sustentan el estado democrático de derecho. Usarlos, por tanto, no puede ser considerado ilegal. Sin embargo, cuando en su uso se “invade” o transgrede la autonomía y prerrogativa de otro poder del Estado, si se podría cometer una arbitrariedad.

En el caso puntual del oficio dirigido por el Presidente del Consejo de Ministros al Presidente del Congreso, en el que plantea “Cuestión de confianza” sobre 5 proyectos de Ley de reforma política, sorprende y llama la atención el plazo “máximo” otorgado para la aprobación de dichas iniciativas legislativas y, además, la precisión mandatoria de que la “aprobación” se deberá producir sin “desnaturalizar” (desnaturalizar = hacer perder a una cosa sus cualidades propias, añadiéndoles algo o modificándolas) los mismos; es decir, sin estar permitida “añadidura ni modificación” alguna.

Lo cierto es que el artículo 105 de la Constitución señala, con meridiana claridad, que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin antes haber sido debatido y aprobado en la comisión dictaminadora y que, además, tienen “preferencia” del Congreso los PL enviados por el ejecutivo con carácter de urgencia, como el caso en cuestión.

De igual manera, señala el artículo 14 del Reglamento del Congreso (que ostenta fuerza de ley, conforme al artículo 94 de la Constitución) que “los Congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo” .

La pregunta, entonces, sería: ¿tiene el Premier la prerrogativa de, sin observar la autonomía de los congresistas, imponerles a través de un legítimo pedido de “cuestión de confianza” la obligación de aprobar un conjunto de proyectos de ley, en un tiempo máximo y con la mandatoria limitación de no poder “añadir” ni “modificar” texto alguno en su debate y aprobación?

La pregunta queda abierta para los expertos constitucionalistas que nos puedan dar una clara explicación.

(*) Este artículo es publicado a título personal y no representa necesariamente la posición de la Confiep.





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