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La confianza y la deformación de las reformas políticas

Después de mucha discusión de si es o no legal, el Congreso aprobó otorgar la confianza al actual gabinete ministerial. Convirtiendo al Poder Legislativo en una “mesa de partes” del Poder Ejecutivo.

Cuestión de confianza relacionada con propuestas de “reforma política” que, según lo planteado por el presidente de la República, resultan ser indispensables y “urgentes” para solucionar el problema del funcionamiento de la democracia en el Perú y, de lo que se deduce de sus comentarios nos da a entender, prácticamente, que allí está la solución a todos nuestros males.

La verdad, me da la impresión de que se sigue abusando de la desinformación y escasa cultura política de la población peruana.

Lamentablemente, los antecedentes que tenemos de cómo se han procesado las decisiones políticas derivadas del Poder Ejecutivo, nos muestran que poco ha importado la legalidad y, en su defecto, fue la legitimidad (como apoyo popular) la inspiradora de estas.

Para muestra basta un botón. El referéndum que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre fue promovido a solicitud del Poder Ejecutivo, a pesar de que debió haber sido solicitado por la población, tal como lo establece la ley de la materia y, lo peor, fue convocada su realización por el presidente de la República, en lugar de hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones, como organismo constitucional competente.

Las iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo, dentro del marco de la mal llamada “reforma política”, resultarán ser “remedios cosméticos” para solucionar el funcionamiento de la democracia en nuestra patria.

Varias de las propuestas de reforma política, sobre las cuales podemos estar de acuerdo con algunas de ellas, parecen haber sido elaboradas inspiradas en realidades totalmente distintas a las nuestras o son sólo el resultado de haber aplicado únicamente criterios teóricos.

Por ejemplo, se proponen elecciones internas en los partidos políticos a fin de elegir a los candidatos, con la participación no solo de los militantes sino con la de la ciudadanía en general. Me pregunto, ¿la “comisión de alto nivel” cuando presentó la propuesta consideró que en el Perú la ciudadanía no tiene conocimiento y menos se quiere involucrar en actividades político-partidarias de organizaciones que, hoy en día, están desprestigiadas?

De la misma forma, se pretende eliminar el “voto preferencial” sin tomar en cuenta las razones que, en su momento, dieron origen a su establecimiento.

En 1978, cuando se aplicó por primera vez, para la elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente se consideró que la elaboración de la lista de candidatos era manejada por las cúpulas partidarias (no había democracia interna en las organizaciones políticas); y, lo que es más, el mayor porcentaje de la población electoral no milita en un determinado partido político. En consecuencia, no se le puede imponer al sufragante que, al votar, indirectamente, apoye a los primeros que aparecen en la lista de candidatos propuestos.

Hoy tenemos una ley de partidos políticos y la realidad no ha cambiado. Entonces, el voto preferencial sigue siendo un mal necesario.

Se podría seguir analizando las demás propuestas, pero sinceramente, no hay que perder más tiempo.

En su lugar, más importante es establecer plazos y términos para atender los problemas de la población del norte de nuestro país que hace dos años espera soluciones inmediatas; el problema de la inseguridad ciudadana que sigue agobiando a la población; el incremento de los feminicidios que angustia a las mujeres del Perú, y el peligro de perder la estabilidad económica.

Por lo tanto, hay que pedirle al Congreso que legisle y al Ejecutivo que administre; es decir, que atiendan sus responsabilidades para los cuales los elegimos.

Gastón Soto Vallenas, abogado.





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