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Las facultades delegadas al Ejecutivo y la tentación a la “sacada de vuelta”

Se ha hecho costumbre malsana la expedición de decretos legislativos claramente opuestos a las políticas parlamentarias. Es de particular importancia la defensa de dichas políticas en materia tributaria, en razón a que la institucionalización histórica del Parlamento surgió del viejo y vigente principio de que “No hay impuesto sin representación”, consignándose así al órgano congresal como el epicentro de la discusión y aprobación de las cargas tributarias, con sujeción a las políticas consensuadas por el pueblo representado en dicho ente.

El 13 de septiembre de 2018, se publicó el Decreto Legislativo 1421 que, en suma, establece que el cómputo de la prescripción para exigir el pago de las deudas tributarias que ya se había iniciado hasta el 1 de septiembre de 2012, vuelve a “renovarse” desde la notificación de las resoluciones de determinación o de multa, conforme a una modificación del Código Tributario, incorporada mediante el Decreto Legislativo 1113, que entró en vigencia el 28 de septiembre de 2012.

La referida norma conlleva una aplicación retroactiva de normas jurídicas sobre eventos o hechos producidos con anterioridad a su entrada en vigencia, conllevando una contravención al Principio Constitucional de Irretroactividad de Normas previsto en el artículo 103 de la Constitución, consumándose así una inconstitucionalidad manifiesta. Para tal consideración basta una breve lectura de los dispuesto por el Tribunal Constitucional en el caso José Marino Vásquez Acuña / STC Exp. No. 09810-2006-PHC/TC.

De otro lado, la referida acción normativa no se encuentra dentro de las materias incluidas en la Ley Autoritativa (Ley 30823), lo cual implica evidente exceso en el uso de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo. Así es dable se revise lo resuelto por el supremo intérprete de la Constitución en el caso José Claver Nina-Quispe Hernández / STC Exp. 0047-2004-AI/TC.

Asimismo, hay una crasa infracción al artículo 104 de la Constitución en lo referido a los alcances y contenidos de las normas derivadas de facultades delegadas. Para este rubro es de particular atención lo resuelto en el caso Colegio de Abogados del Callao / STC Exp. 0001-2014-TC.

Consecuentemente, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo 1421 vulnera el Principio de Constitucionalidad, tal como se puede evidenciar en atención de lo determinado por el Tribunal Constitucional en el caso Congresistas de la República / STC Exp. No. 005-2003-AI/TC), amén de lo estipulado en el Principio de Jerarquía Normativa, reconocido en el artículo 51 de la Constitución.

Frente a dichas graves vulneraciones constitucionales, estimamos que es deber del Congreso de la República revisar y corregir lo indebidamente normado por el Poder Ejecutivo en el anómalo ejercicio de facultades delegadas por este concedido, ello sin mengua de las acciones procesales a las que tuvieren derecho las personas naturales y jurídicas perjudicadas en sus derechos fundamentales.

Por: Dr. Víctor García Toma





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