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Reflexiones sobre la fuerza pública

El Perú vivió entre el 3 octubre 1968 y 28 julio 1980, el Gobierno Militar conducido por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y luego el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Velasco asumió el gobierno antes de cumplirse el mandato del presidente Fernando Belaunde debido a la falta de la página 11 del contrato entre el Perú y la “International Petroleum Co.” por el cual los campos petroleros de la Brea y Pariñas pasaban a propiedad de la “Empresa Petrolera Fiscal”. En estos años, se nacionalizó el petróleo y se creó innumerables empresas públicas, se restringió la libertad de prensa y confiscó los principales diarios y canales de televisión, se impuso la reforma agraria y se promovió la política de No Alineación. Simultáneamente se expandieron los partidos de izquierda, muchos de cuyos integrantes ocuparon puestos en los poderes del Estado y en los medios de difusión confiscados.

Posteriormente se sucedieron gobiernos provenientes de elecciones generales: Fernando Belaunde (1980-1985), Alan García (1985-1990), Alberto Fujimori (1990-2000, período 1992-1993 “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”), Valentín Paniagua (“Gobierno Transitorio” 2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011),

Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczinsky (2016-2018) y Martín Vizcarra (Accesitario 2018). Es decir desde hace trentinueve años los gobiernos del Perú han sido ininterrumpidamente ungidos como producto de Procesos Electorales y Elecciones Generales.

En la última década del siglo pasado, como producto de haberse vencido por las armas al terrorismo, de la promulgación de una nueva Constitución (1993), así como de sellarse la paz con Ecuador (1998), el Perú alcanzó una condición bastante sólida de democracia y progreso con miras al siglo XXI.

Los hechos nos demuestran que, en los diferentes gobiernos, hasta el año 2011, se han sucedido una serie de situaciones que permitieron un crecimiento sostenido, situación que se ha ido deteriorando en lo concerniente a tres indicadores básicos: Seguridad interna, Crecimiento Económico y Riesgo País.

Producto de ello, los grandes problemas no solo han persistido desde el inicio del Siglo XXI, sino se han acentuado aceleradamente, encontrándose en niveles de alta peligrosidad, principalmente lo relativo a la corrupción generalizada en gran parte de los tres poderes del Estado y parte del ámbito empresarial, la seguridad interna con escenarios tornados inmanejables como es el caso de las protestas en la minería y agro, la influencia de organizaciones de la sociedad civil (ONG) en actividades propias del Estado, la marcada ideologización de estas organizaciones en la línea del neomarxismo (Antonio Gramsci), donde la destrucción de nuestra cultura occidental y mestiza, así como de las instituciones que son sostén de la sociedad, se manipulan utilizando los medios de comunicación y redes sociales.

Ante esta situación, desde el 28 julio 2019, el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y Legislativo se agudizó, pues el Presidente expresó en reiteradas ocasiones que cerraría el Congreso, lo cual conlleva, independiente de los aspectos constitucionales y legales, una acción que demandará el uso de la Fuerza Pública ya que varios congresistas han expresado que no lo permitirán y se atrincherarán en el Parlamento.

En este escenario debemos tener presente el papel de la Fuerza Pública durante el período 1980-2000, en que, cumpliendo con disposiciones constitucionales de tres Presidentes, actuaron en defensa de la Patria, sufriendo muchos de ellos, hasta la fecha, persecución jurídica y mediática. Recordemos el rol que tuvo la Fuerza Pública el 5 abril 1992, cuando por orden directa del Presidente se cerró el Congreso, y ello representó persecución y sentencias judiciales, y preguntémonos ¿cómo lo van a hacer ahora si se da el caso?

¿Se piensa que un dispositivo legal del Ejecutivo sería acatado por los congresistas? De no ser así, ¿cómo los van a obligar a salir del Congreso sin el uso de la fuerza?

Reflexionemos, ¿los integrantes de la Fuerza Pública, con la experiencia de persecución judicial y mediática sufrida por sus antecesores, estarán dispuestos individualmente a arriesgar por el resto de su existencia su calidad de vida y la de su familia? O, de ser el caso, acogerse a sus derechos legales.

Por: Javier Bravo Villarán





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