Todos los días recibimos alguna nueva información que nos permite convencernos de que el peor mal que corroe a las instituciones estatales, unos más y otros solo un poco menos, es el problema de la corrupción.

Cada cierto tiempo los informes de la Contraloría General de la República o también investigaciones periodísticas y las denuncias públicas que siguen, ponen en evidencia, con pelos y señales, de que el mal permanece.

Asimismo, las encuestas de opinión pública entregan como resultado, si acaso se pregunta sobre este mismo tema, que la corrupción sí es percibida y objeto de crítica, tanto como la inacción por parte de quien gobierne.

La impunidad como bandera

Hemos tenido presidentes cuya característica fue nunca atacar la corrupción: ni la propia (las de personal que colocaron en cargos públicos) ni la de los adversarios, bajo el lema de que no iban a realizar “cacerías de brujas”.

Alzar como insignia el lema de que no se iba a perseguir adversarios por meros pretextos: significaba en otras palabras, tranquilizar a los salientes del poder, implicando que la impunidad sería adoptada como bandera.

La trampa expresaba que el nuevo gobierno, cumpliendo con sus electores y las expectativas ciudadanas, se dedicaría a gobernar, esto es a hacer gestión; y se introducía esa idea como algo demandante de reciprocidad.

Es verdad que hubo, a veces, algunas iniciativas llamativas, como crear figuras u oficinas para luchar contra la corrupción; pero ello era figurativo, pues nacían muertas en el oropel de las ceremonias, y se las ahogaba al negárseles presupuesto y facilidades.

Todo lo referido, a la larga, ha constituido una suma de referencias que han servido de incentivo neto en favor de la corrupción.

Corrupción y lucha contra la corrupción

Luchar contra la corrupción en el Perú no es algo sencillo, pues es un mal demasiado difundido, siempre creciente y nunca se sabe con exactitud quiénes están comprometidos ni a quiénes no les interesa una real lucha contra aquella.

En nuestro país ha habido momentos de bastante tolerancia a la corrupción y las denuncias no tenían mucho eco: se hablaba de la inexistencia de pruebas y de que, en todo caso, correspondía que investiguen las instituciones llamadas a hacerlo.

Tal respuesta es ciertamente técnica; pero también era real que en muchos casos denunciados se exhibían elementos de convicción como respaldo, cuyo peso cualquier ciudadano medio juicioso, entendía.

A pesar de ello, no faltaban los “defensores” del “poderoso de turno” que denunciaban presuntas “persecuciones” y “falsedades” y hasta contra denunciaban a los investigadores.

Lo que últimamente se trató de hacer con el coronel Colchado fue solo una muestra de algo que antes ya se había hecho y que, en el caso mencionado, se hizo con poco criterio y mucha grosería y, por ello, sin éxito.

Por ende, lo que ahora se requiere es generar toda la voluntad política posible de atacar la corrupción, venga de donde venga, lo que supone la necesidad de aplicar presupuesto, que en realidad será una verdadera inversión.

*Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

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