Según el artículo 319 del Código Penal son delitos de genocidio los actos destinados a desaparecer un grupo humano o producirle grave afectación psíquica, mental o física, lo que también está tipificado por los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma en que se basa la competencia de la Corte Penal Internacional en éste y otros crímenes de lesa humanidad.

La imposición de un plan de exterminio de la población mundial que con tantas pruebas inocultables ya no pueden negar, así como de un adoctrinamiento ideológico del mal en las políticas públicas que pretende quebrar la moral universal violando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, las Constituciones, y produciendo gran sufrimiento y afectación grave de la integridad de los pueblos, constituyen delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en sus diversas modalidades.

Imponer a través de los Estados estas políticas destructivas de las naciones con la complicidad de ONG, medios de prensa y otros operadores, ha ensamblado una red criminal internacional y nacional apátrida y genocida que debe ser denunciada, arrestada y condenada conforme a la legislación nacional y al Estatuto de Roma.

El Presidente de la República partícipe en estos crímenes está incurso en la causal de procesamiento penal excepcional que establece el artículo 117 de la Constitución por delito de traición a la Patria que tipifica el artículo 325 del Código Penal, pues hay una flagrante colusión de su gobierno con el sistema de poder extranjero que está sometiendo al pueblo peruano a un plan genocida y de dominación política y económica de nuestra nación.

Los congresistas de la República tienen el deber de procesar al Presidente por delito de traición a la Patria y suspenderlo en la función como lo establecen los artículos 117 y 114 de la Constitución, no hacerlo los constituye en encubridores y cómplices de estos crímenes. Del mismo modo la Fiscalía de la Nación asume grave responsabilidad penal por no iniciar investigación de oficio.

Han gastado nuestras reservas, nos han endeudado hasta nuestra tercera generación, han quebrado al país en colusión con poder extranjero, han propiciado la muerte de miles de peruanos y planean más anunciando el retiro de los hospitales de las medicinas que sanan e imponiendo una vacuna letal, y el Congreso sólo interpela a la ministra de Economía, pareciera una equivocación si no fuera que por injustificable omisión son cómplices de este gobierno genocida.