El incremento de la criminalidad organizada y la informalidad, especialmente en la explotación de metales preciosos que amenazan destruir el hábitat amazónico y los ríos en cuyas riberas se asientan los mineros informales e ilegales, así como por las actividades del narcotráfico, tala ilegal y trata de personas, está amagando sobre las grandes inversiones y las actividades económicas de grandes empresas formales, pero, enfilando en la actualidad sus acciones, en contra de las comunidades campesinas y nativas en cuyos asentamientos de propiedad comunal se infiltran las actividades ilegales con su secuela de corrupción y sicariato.

La Constitución ha concedido a las comunidades campesinas y nativas el estatus legal de personas jurídicas con las autonomías administrativas, sociales y culturales correspondientes, las cuales deben ser evaluadas en función del avance en el proceso de su integración cultural, legal y social con la cultura predominante, porque tradicionalmente actuaban como naciones organizadas como pequeños Estados dentro de la Nación y Estado Peruanos, debido a que tenían sus propias autoridades, su ordenamiento jurídico central era el derecho consuetudinario (cuyo límite era el respeto a los derechos fundamentales previstos en la Constitución), de modo que contaban con sus propios sistemas de administración de justicia comunal y una fuerza pública propia constituida por las rondas o comités de defensa.

Ese tratamiento jurídico como sociedades minoritarias con autonomía respecto de la sociedad predominante y el sistema legal que rige para todos los peruanos no podía seguir siendo sostenido porque, como ya dijimos, el proceso de integración nacional tanto en lo intercultural, social, político y tecnológico ha ido eliminando los caracteres originarios de esas organizaciones comunales, en cuya virtud su protección como minorías sociales tenía que ir relativizándose aunque respetando el marco constitucional y los tratados suscritos por el Perú, especialmente con la OIT.

Autorizar a las comunidades campesinas y nativas a desarrollar actividades de extracción de oro, madera y otros recursos, sin mayor control y sabiendo que no cuentan con recursos suficientes, sería un gigantesco despropósito pues las estaríamos poniendo en bandeja de plata a merced de cualquier organización criminal que, en muchos casos, ya las han infiltrado y dividido por el inmenso poder corruptor que poseen, cuya situación se ha convertido en un grave peligro para todo el país porque, en algún momento, invocándose la imprescriptibilidad e inalienabilidad de sus territorios, comiencen las comunidades campesinas y nativas a sustraer de la acción del Estado a toda la propiedad comunal de la cual solo son superficiarios, pudiendo llegar al uso de medios violentos o bloqueos.

Si el Estado no reacciona a tiempo, que no sorprenda enterarnos de agresiones y probables asesinatos de dirigentes comunales y nativos que se opongan al crimen organizado.

Es urgente encontrar una solución mediante la alianza entre comuneros y las fuerzas del orden del país, pero también con políticas idóneas para el desarrollo de cada comunidad, debiendo superarse la idea que las grandes empresas tienen que sustituir al Estado.

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