En el 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) inició un programa para conservar diez lomas limeñas. Sin embargo, desde ese año, estas áreas sufrieron y sufren la presión de invasiones para conseguir terrenos, extraer los recursos de flora y fauna no regulados, así como el pastoreo, entre otros problemas que se agravaron.
Ante esta realidad, el Minagri acaba de publicar un decreto supremo que intenta articular las capacidades de las instituciones públicas para frenar las invasiones. Este esfuerzo es desde el punto legal e institucional, que integra a diversas entidades públicas y en el que no se tomó la participación de las comunidades vecinas u otras organizaciones que ya vienen realizando diversos esfuerzos para proteger a estas áreas frágiles.
Vale destacar del decreto supremo que incluye a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) las cuales sensibilizarán a sus docentes sobre ecosistemas frágiles de cada región y que luego desarrollarán conciencia ambiental en sus estudiantes. Actividad que muchos docentes venían realizando desde hace tiempo y que ahora cuenta con una regulación.
También es destacable que se consideró desarrollar campañas de conservación, con el apoyo de los gobiernos regionales y la Dirección de Medio Libre del INPE, que proporcionará la mano de obra de las personas condenadas a penas limitativas de derechos y cumplirán una labor de servicio comunitario.
Hubiera sido importante considerar a las comunidades que ya protegen las lomas cercanas a ellas y le brindan cuidados y protección. Estas lomas generan ingresos por actividades culturales, turismo o venta de productos locales. Un ejemplo, es la comunidad Quebrada Verde, cuyos pobladores protegen las Lomas de Lúcumo, al sur de Lima. En esta área los visitantes solían realizar caminatas, campamentos y otras actividades que generaron ingresos económicos a la comunidad.
Con la norma, se desea contar con una herramienta que aclara las responsabilidades de cada institución y que sus autoridades apoyen la conservación de estos espacios, así como que los defensores ambientales puedan alertar de cualquier actividad ilícita. Cabe recordar que las lomas costeras son ecosistemas frágiles, que conservan biodiversidad y brindan servicios ambientales.
Esperemos que el sistema de alerta temprana, propuesta en la norma, no deseche las denuncias de la sociedad civil, sobre actos que atenten o vulneren, en sus diversas modalidades, el ecosistema y sobre todo que las instancias públicas actúen de una manera rápida y eficaz. Junto a esta vigilancia, serán necesarias campañas de difusión sobre la importancia de las lomas costeras y captar voluntarios para unirse a su conservación.