¿Con licencia para matar? Moderno 007

¿Con licencia para matar? Moderno 007

Desde que un abogado inicia sus estudios de Derecho, por el principio de igualdad ante la ley, lo primero que se nos enseña es que nadie está fuera del marco jurídico que rige en un Estado de Derecho, aplicándose las normas vigentes siguiendo la estructura piramidal de Kelsen para determinar la priorización de las normas aplicables.

Por otro lado, para garantizar la eliminación de la impunidad por alguna defectuosa o insuficiente regulación normativa o una ambigua literalidad, siempre se nos ha enseñado que ante este tipo de defectos o deficiencias en la redacción normativa, se deben aplicar los principios generales del Derecho que siempre subyacen en la normatividad vigente para que se cumpla la finalidad del mismo, es decir, que el Estado de Derecho no se destruya, que el Derecho no genere absurdos y que nadie quede fuera del marco constitucional y legal porque la impunidad o inmunidad absoluta de uno, destruye la paz social de muchos y el caos y la anarquía se ponen a la vuelta de la esquina.

Nuestra Constitución establece un régimen de protección excepcional a favor del presidente de la República para ponerle a salvo de los excesos políticos que una oposición hostil puede desatar en su contra o para que ante denuncias sin mayor sustento quede a merced de la ingobernabilidad y lejos de la gobernanza.

Sin embargo, recordemos que un Estado Democrático de Derecho se diferencia de una dictadura o de una monarquía absolutista, porque evita que la voluntad y poder del dictador o del soberano se constituya en la única fuente de obligaciones y derechos para toda una nación, pero no para ellos cuyo control de la institucionalidad de un país es absoluta.

En este contexto, vale la pena recordar otra enseñanza básica en el curso de Derecho relativa a que el sistema de justicia, que debe resolver conflictos o perseguir el delito, debe investigar hechos para, a través de ellos, llegar a los que se han involucrado en ellos directa o indirectamente, de modo que jamás se llega a la norma si primero no se establecen los hechos que deben ser subsumidos en aquella para determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de los involucrados.

El problema surge cuando comienzan a surgir indicadores múltiples de inmoralidad y corrupción generalizada y graves transgresiones del marco constitucional y legal desde la cúpula del poder político.

Si desde el vértice del poder presuntamente democrático aparece una innegable red de cloacas morales y delictuales, nadie en su sano juicio puede alegar que la literalidad de la norma excluye la aplicación de los principios esenciales del sistema político que debe ser salvado porque resultaría deleznable que la población asista a la acumulación de un relleno sanitario moral y legal inmune e impune.

Siempre el Derecho debe actuar para salvar el bien de mayor jerarquía.

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