Desafortunada frase pronunciada por el abogado argentino, naturalizado peruano, Julián Palacín, a fin de intimidar a quienes mantienen una posición política distinta del candidato Pedro Castillo. Y esa frase tuvo como correlato una carta firmada por dicho candidato, pidiendo investigar y sancionar a Willax por pretendidas ofensas contra él en diversos programas. Todo ello con la pretensión adicional de privar a ese canal de su licencia porque utiliza el espacio electromagnético, bien público, que conforme a una espuria interpretación el Estado podría retirar cuando se le antoje. La expresión “con los días contados” también refleja una amenaza a la vida, salud, integridad física y libertad de la persona. Constituye una expresión que podría tener alcances penales. Pero el tema no acaba ahí.
La Constitución de 1993, así como la de 1979 que la precedió, garantiza en su artículo 2, entre otros derechos fundamentales, que “no hay persecución política por razón de ideas y creencias ni tampoco delito de opinión”. Esta garantía se extiende a las “libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social… Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente”. El artículo 44 también señala que: “Son deberes primordiales del Estado… garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Y en ese mismo sentido, el artículo 81 de nuestra Carta Magna establece que: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión… y en general los bienes relacionados con la libertad de expresión y comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento, directa ni indirecta, por parte del Estado ni de particulares”. Hay un claro designio libertario en todas estas disposiciones que serían vulneradas con la privación de licencias invocando la utilización de un bien público, cuando el medio dice algo incómodo a quienes ejercen el poder. Finalmente es preciso tener en cuenta que al amparo del artículo 72 “la ley puede por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes”. Pero la seguridad nacional jamás debe ser confundida con el interés político.
¿Por qué entonces el ciudadano puede sufrir graves violaciones? Hemos visto que muchas veces en la práctica un dispositivo de rango inferior prevalece respecto del superior, a pesar que los artículos 51 y 138 de la Constitución señalan lo contrario. Enfrentamos una mala práctica atávica que debemos eliminar para que el ciudadano se desarrolle como el auténtico sujeto de la soberanía nacional, cuando ciertos grupos políticos coludidos con el gobierno desean avasallarlo en detrimento de sus derechos fundamentales.

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