Concertación entre Ejecutivo y Legislativo requiere de empresarios y trabajadores

Concertación entre Ejecutivo y Legislativo requiere de empresarios y trabajadores

La situación actual de creciente inflación impacta fuertemente en la capacidad adquisitiva de la población más vulnerable, que, aunada a la desaceleración de la producción, perfila a corto plazo un escenario estanflacionario (como ya lo hemos dicho en esta columna). Esto responde a una economía con bajo nivel de recuperación, bajo empleo, y un alto componente importado de la demanda, que como todos sabemos ha afectado la seguridad alimentaria y energética del país, por los altos precios de los productos internacionales, causando una protesta nacional, aprovechada por la delincuencia, producto de la inseguridad ciudadana que vive el país. Para enfrentar una inflación que tiene componentes internacionales se necesita cambios de patrones de consumo, y para ello es necesario el diálogo y la concertación.

En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (18 de marzo), el Ejecutivo en todos sus niveles, el Legislativo, el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, acordaron compromisos a fin de llegar a un nuevo pacto político. Pero no ha sido suficiente, porque la concertación necesariamente es tripartita, y en ella deben estar presentes empresarios y trabajadores: es evidente que un pacto solo con autoridades no funciona, debilitando a sus actores, de ahí que cuando la población demanda “que se vayan todos”, cada día abarca a más autoridades.

En este contexto, cuando la manifestación en Lima del 5 de abril no pudo llegar al Congreso, vándalos infiltrados entre los manifestantes atacaron la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es necesario reflexionar y no fomentar escenarios de anarquía. Al respecto, la presidenta del Poder Judicial afirmó que el ataque fue planificado.

El mismo 5 de abril, el poder Ejecutivo y el Legislativo buscaron consensos. El Ejecutivo propuso la modificación del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para establecer lineamientos para incorporar exoneraciones temporales a productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar, sin generar riesgo fiscal.

Por ahora, se ha duplicado el presupuesto para ollas comunes y comedores populares y se programa una retribución temporal extraordinaria a los beneficiarios de los programas sociales (Contigo, Pensión 65 y Juntos; este último actualmente entrega 200 soles cada dos meses a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema con niños, para asegurar su educación y salud, este mismo monto debería entregarse cada mes, para mitigar el hambre), lo que beneficiará a 1.5 millones de habitantes.

También se ha propuesto la eliminación del ISC en gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y del petróleo diésel, a fin de reducir sus impactos inflacionarios en los costos de transporte de los productos, lo que debe beneficiar prioritariamente al consumidor. Esta propuesta ha sido ratificada en el consejo de ministros descentralizado realizado en Huancayo, junto a un proyecto de amnistía para transportistas, con lo cual, se soluciona su reclamo a nivel nacional. Antes de retirarse, el presidente expresó que, de inmediato, ingresaría un proyecto de ley para impedir los monopolios. Al respecto, se hace necesario definir concertadamente el rol del Estado en la economía, que debería ser asegurar un desarrollo a largo plazo, y eso demanda repensar su participación en la economía.

Su rol debe implicar compartir riesgos y recompensas con el sector privado, para diversificar las estructuras productivas y establecer adonde se quiere llegar, en base a la innovación, la tecnología y la creación de mercados, asumiendo el Estado el riesgo mayor.

Además a mediano plazo, debería garantizarse la seguridad alimentaria y energética del consumo del país, reduciendo el componente importado de la demanda, a través de sustitutos de producción nacional, como extender el uso del gas natural que hoy se utiliza en los buses del Metropolitano (la red más grande de transporte del país utiliza combustible limpio) y que también llega a las casas a través de conexiones domiciliarias; se requiere que muchos más hogares a nivel nacional dispongan de este gas que no contamina y que está al alcance de todos para extenderlo a la totalidad del transporte.

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