Tengo señalado que nuestro país se organiza conforme al principio de separación de poderes, lo que supone la existencia de pesos y contrapesos entre los mismos.

Es por ello que el Poder Legislativo fiscaliza principalmente al Poder Ejecutivo, ya que éste constituye realmente el Gobierno del país en tanto administra su riqueza, conduce su política exterior (a través de Cancillería, tan venida a menos en estos meses) y es titular del uso de la fuerza (mediante la jefatura suprema de la Fuerza Armada y Policía Nacional).

Conforme al Art. 130 de la Constitución, cada nuevo gabinete ministerial, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, debe presentarse ante el Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno, estando obligado a plantearle cuestión de confianza.

Para otorgar la confianza solicitada, el Congreso debe hacer una cabal apreciación sobre la solidez y viabilidad de la política general de gobierno expuesta, así como sobre la capacidad y solvencia del jefe del gabinete (que según el Art. 122 de la Ley Fundamental propone al jefe de Estado a los demás ministros y los nombra en acuerdo con él) y sobre la ideoneidad de cada ministro para encargarse de los asuntos que competen a su cartera ministerial.

No tiene caso esperar a que se exponga la política general de gobierno para afirmar que el gabinete Vásquez no puede ni debe recibir la confianza del Congreso.

Aparte de la presencia, imposible de justificar, de por lo menos tres personajes con evidentes vinculaciones -pasadas y presentes- con el terrorismo senderista y emerretista, hay uno que a claros deméritos personales suma favorecimiento al narcotráfico a través de la engañifa de la legalización de la hoja de coca, que en más del 90% es cultivo destinado a producir droga. Es el caso del ministro del Interior.

Cabe recordar que conforme al Art. 8° de la misma Carta Constitucional es obligación del Estado combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas.

Aún más, ocurre que la PCM Vásquez en afán de limpiarse del bochorno de la designación de Barranzuela, admite una grave infracción a la Constitución, al decir que ella no lo propuso, pero firma la resolución suprema de su nombramiento. Incluso si el mencionado saliera del gabinete antes de presentarse éste al Congreso, quedaría claro que Vásquez convino con Castillo que por casi 30 días Barranzuela actúe en un ministerio relevante en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Si el Congreso da su confianza al gabinete Vásquez sería mero cómplice.

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