Si bien la pandemia nos obliga a permanecer, mayormente, en casa, ello no quiere decir que las calles permanezcan quietas. Todo lo contrario. Basta con mirar las imágenes de los espacios noticiosos para saber que las necesidades arrojan a las personas a las calles para ganarse el sustento del día o para convertirlos en escenario de protesta, no sólo en Lima, sino también en otras regiones del país. Hay insatisfacción en la población por promesas incumplidas o maltratos de todo orden, o simplemente indiferencia frente a los problemas que, al paso del tiempo, terminaron por convertirse en parte de lo cotidiano.

En este contexto, los conflictos sociales, en el país, han ido en aumento. Ni la pandemia pudo detenerlos. La Defensoría del Pueblo, que tiene una dirección especializada en llevar registro de la existencia de estos conflictos, ha señalado que sólo en el mes de noviembre se han presentado 198, de los cuales 147 son catalogados como activos y 51 como latentes. En esa estadística han sido registrados 11 casos como nuevos.

Según la investigación realizada por dicho organismo, la mayor cantidad de conflictos sociales se desarrollaron en Loreto (23 casos), Cusco (22 casos) y Áncash (17 casos), teniendo en cuenta su concentración. ¿Qué más arroja la data del mes de noviembre? Que son 99 los casos que se mantienen en proceso de diálogo, y que en ese mes se registraron cinco personas fallecidas a consecuencia de esos actos. Grosso modo, la radiografía estadística nos dice que el mes de noviembre fue el más alto en registrar conflictos sociales. Menudo dolor de cabeza para las autoridades que manejan los poderes públicos en todos los niveles de gobierno.

Hace bien la Defensoría del Pueblo en llevar el registro de cada uno de estos conflictos que no son meramente con fines estadísticos, sino que tienen el propósito de ser una “alerta dirigida al Estado, las empresas, las dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto por la vía de la ley y el diálogo, y se eviten los desenlaces violentos”. Es, si se quiere, un propósito sano y bastante útil, aun cuando, en muchos casos, los intentos hayan resultado fallidos por la incomprensión de quienes están llamados a resolver las demandas o la intransigencia de los manifestantes, según el caso.

Es importante conocer, que los conflictos que se han presentado fueron, mayormente, de tipo socioambiental debido a la actitud de empresas que incumplieron pactos sociales con las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Los hubo también, igualmente frecuentes, conflictos comunales que se presentaron por reclamos de todo tipo entre ellas o por incomprensión de sus propias autoridades políticas. Todos los conflictos fueron en aumento este año desde marzo en que se inició el estado de emergencia sanitaria por la presencia de la covid-19. Al inicio de la pandemia, en marzo de este año, se habían registrado 188 casos. En noviembre alcanzaron su pico más alto con 1 98 casos.

Teniendo en cuenta el grado de competencia para atender los reclamos, los conflictos sociales de noviembre recayeron para su atención, en primer lugar en el Gobierno Central, con 117 casos (69.1%); en los gobiernos regionales con 56 casos (28.3%); y en los gobiernos locales con 19 casos (9.6%) Y las regiones con mayores conflictos, por encima de diez, fueron Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno, Piura y Cajamarca. En total se registraron durante los conflictos del mes que comentamos, 252 heridos. Frente a los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a procesos de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social”. Es indudable que esta labor defensora es digna de encomio, pues se advierte que cumplen a cabalidad le misión constitucional encomendada.

Juez Supremo