Mientras los peruanos enfrentamos la pandemia de coronavirus, la corrupción de funcionarios del Estado, el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, hay otros problemas que se asoman sigilosamente. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 203, correspondiente al mes de enero de 2021 (https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/ paz-social-y-prevencion-de-conflictos/), donde se informa sobre la existencia de 196 conflictos sociales registrados (145 activos y 51 latentes). Según el informe, la región Loreto, en la selva amazónica, concentra la mayor cantidad de conflictos (23), le siguen Cusco (22) y Áncash (17). Realmente es preocupante. En su mayoría se trata de conflictos socioambientales, mineros y comuneros, donde se aprecia el descontento de la población respecto a problemas como derrames petroleros, o protestas contra proyectos mineros, que las comunidades consideran que afectan su salud y bienestar. En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (23 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (17). En relación a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.3 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64.8 %. La Defensoría del Pueblo indica que, respecto al mes anterior se incorporó un conflicto nuevo de tipo socioambiental. Este caso se desarrolla en el departamento de Cusco, donde el Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas, así como autoridades y otras organizaciones sociales de la provincia exigen la firma de un convenio marco provincial a la empresa Minera Hudbay Perú, la nulidad de la tercera modificación al estudio de impacto ambiental de la unidad minera Constancia y fiscalización ambiental participativa. “Asimismo, se registraron dos conflictos nuevos de tipo comunal. Uno involucra a las comunidades campesinas de Uchubamba y Curimarca en el departamento de Junín, las cuales mantienen una disputa por 573 hectáreas de tierras comunales. El otro, se registra en la comunidad campesina de San Cristóbal de Huancavelica, donde un grupo de comuneros exige la elección de una nueva junta directiva”, señala el reporte. En el departamento de Puno se comprobó la existencia de un nuevo conflicto por demarcación territorial. El caso involucra a ciudadanas y ciudadanos de los distritos de Phara y Limbani, quienes reclaman la delimitación interdistrital en el sector denominado Padre Orcco. Aparentemente son casos “lejanos” a Lima, donde el centralismo nos hace olvidar que hay un Perú profundo esperando ser atendido en sus pedidos. No seamos indiferentes.

(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y
director de Editorial Río Negro.