Cada minuto que pasa crece la sospecha del fraude en que habría incurrido el JNE en las elecciones generales del año pasado. Ese solo hecho -que el presidente comunista del JNE se negara a confrontar las actas, presuntamente alteradas, que presentase la actual oposición política, con el padrón oficial de ONPE- revela una voluntad contraria a la debida transparencia en aquellos comicios. Incluso los veedores de la OEA hoy bajo control de la izquierda sudaca- vinieron para pasársela bomba de francachela en francachela para luego emitir un informe prefabricado siguiendo al dictado de la zurda. Dicho sea de paso, la plancha de Perú Libre jamás debió ser registrada por el JNE, porque estuvo integrada por Vladimir Cerrón -incapacitado por corrompido- y por Dina Boluarte, funcionaria de Reniec, caso expresamente prohibido según la ley electoral. Aparte, decenas de miles de actas registran votos de muertos, encarcelados, menores de edad, renunciantes a la nacionalidad peruana, etc. Además, sin justificación alguna, los rojos de Perú Libre impugnaron miles de actas; salvo aquellas con cero votos para los candidatos López Aliaga y Fujimori y todas las balotas para Castillo.

Hay actas mal digitadas; actas suscritas por menores de edad y/o muertos como miembros de mesa, etc.; otras que registran a personas que jamás votaron, pero no fueron multadas pues utilizaron esas ausencias para suplantarlas. Igualmente, Piero Corvetto (el jefecito de ONPE) se negó a entregar los padrones oficiales de votantes. ¡Y el JNE aceptó -sin chistar- semejante transgresión a la legislación electoral! Pero asimismo, son públicos decenas de videos en donde el comunismo instruye a sus personeros para cometer fraude. Y finalmente, el JNE funcionó sin uno de sus integrantes violentando la ley, aprovechando aquello el todavía presidente del JNE, el comunista Jorge Salas Arenas (tan comunista como el ex candidato, hoy presidente Castillo), para auto arrogarse un doble voto y aplicarlo, sistemáticamente, contra las impugnaciones de los personeros de López Aliaga y Fujimori.

Además, falta incorporar el escándalo del dinero ilícito para financiar la campaña -y acaso de alguna coima a funcionarios del JNE- proveniente del narcotráfico y del robo descubierto en la gobernación de Junín -a cargo del todopoderoso Vladimir Cerrón (un reo por corrupción que manda al presidente Castillo); ambos crímenes cometidos por una organización criminal, actualmente investigada -a paso de tortuga- por un fiscal.

Si estos antecedentes –faltan muchos más, que son de conocimiento tanto de la Fiscalia como del poder Judicial- no son prueba suficiente para que el poder Legislativo investigue, determine y acuse constitucionalmente al presidente del JNE; y haga lo propio con el jefe de la ONPE y demás co-responsables de estos sospechosísimos elementos de prueba de que existió fraude en las elecciones de 2021 –en volumen suficiente como para que el partido comunista ganase por 40,000 votos de diferencia- entonces queda demostrado que en el Perú no hay Justicia y que la Democracia y el Estado de Derecho peruano ya han sido arrasados por la avalancha bolchevique que lideran estos cerrones, boluartes, bellidos, etc.

¡Salvo que 87 valientes congresistas vaquen a Castillo!

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